Asambleístas del Cañar: María Molina, Fernando Romo y Raúl Abad lideraron la gestión en la defensa de los recursos económicos.
AZOGUES.- La Ley 047, que genera rentas para las municipalidades de Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua, se ratifica en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que aprobó la comisión especializada de la Asamblea Nacional, para segundo debate, informó María Caridad Vázquez, subsecretaria de la Secretaría nacional de Planificación y Desarrollo,
La Ley 047, se sustenta en los fondos que produce el 5% de la facturación de la venta de energía eléctrica de las centrales hidroeléctricas: Paute, Agoyán Pizayambo y próximamente, San Francisco y Mazar en beneficio de los municipios de las provincias donde están las fuentes de agua que generan energía eléctrica.
En la actualidad la Ley, que aún no es reformada en la Asamblea Nacional, beneficia a las municipalidades de Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua, pero por gestiones realizadas por asambleístas de la Provincia del Chimborazo, en el futuro se incorporan municipalidades de esa jurisdicción, porque los ríos que nacen en la zona alta alimentan las centrales de Paute – Mazar y Agoyán – San Francisco.
Publicación
La Ley 047, se publicó en el Registro Oficial 281, 22 de Septiembre de 1989, marco jurídico que establece a favor de las provincias de Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tunguruhua, asignaciones equivalentes al 5% de la facturación que por venta de energía eléctrica a las empresas eléctricas que efectúe el ex Instituto Ecuatoriano de Electrificación, hoy la Corporación Eléctrica Nacional
La ley vigente, que todavía no ha sido reformada dice que el Ministerio de Finanzas desde el año 1990 debía transferir: el 60% de los ingresos en partes iguales entre los municipios de Azuay, Cañar y Morona Santiago, organismos que utilizarán estos recursos exclusivamente en la realización de obras de infraestructura; y,
40% para el ex Centro de Reconversión Económica del Azuay, Cañar y Morona Santiago (CREA), hoy Subsecretaría de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) entidad que deberá invertir el 80% de los recursos, en la ejecución de obras y el 20% restante en programas de forestación y reforestación en la cuenca del río Paute.
El pedido de los asambleístas del Cañar, María Molina Crespo, Fernando Romo Carpio y Raúl Abad Vélez de que el 100 de las rentas que genera el 5% de la facturación de la venta de energía eléctrica, sea transferido a los municipios de las 3 provincias para invertir el 50% en infraestructura básica y el 50% en programas de forestación y reforestación, en zonas críticas.
DEUDA
Existe información que durante el tiempo de vigencia del ex CREA y ahora SENPLADES, el Ministerio de Finanzas no entregó 70.000.000 de dólares al ex organismo de desarrollo y ninguna autoridad reclamó, lo que significa que hay una deuda del mismo valor, que ahora deben cobrar los gobiernos municipales.
Corresponde a las autoridades municipales exigir el pago de los fondos, que el Estado no ha cancelado en su momento. Esos recursos deben ser incorporados a los presupuestos institucionales. (JBM)
