Carlos Castro Riera

Luego del apoyo de la CONAIE al Presidente Correa y a la Asamblea Constituyente, las relaciones del Gobierno y el movimiento indígena se han deteriorado frente a temas como la soberanía alimentaria, educación, explotación de petróleo, minería, agua, interculturalidad y Estado plurinacional.

Las contradicciones estallaron en el levantamiento indígena de finales de septiembre y octubre del 2009 y la chispa fue la Ley de Aguas. En el enfrentamiento murió Bosco Wisuma, luego de lo cual el mismo Presidente inició e instituyó el diálogo con el movimiento indígena.

La CONAIE argumentando el fracaso del diálogo, ha convocado a nuevas movilizaciones esgrimiendo un programa que va desde el desconocimiento del estatuto orgánico de la Secretaría del Agua, asumir el manejo de parques nacionales, bosques, páramos y territorios de las nacionalidades indígenas; desconocer la conformación del Consejo de Participación Ciudadana, las leyes impuestas por la Asamblea Nacional y el proceso de institucionalización del Estado, declarar nulas las concesiones y autorizaciones mineras, petroleras, madereras, hidroeléctricas, farmacéuticas, expulsión de empresas mineras y petroleras asentadas en tierras y territorios indígenas, construcción del Parlamento Plurinacional de los Pueblos, entre oros aspectos.
Este programa político “aparece” no como reinvindicativo de derechos y en el marco de la oposición democrática, sino marginal a la Constitución y al Estado e incitador de enfrentamientos étnicos-nacionales.

El movimiento indígena tiene razón en la defensa de la naturaleza, del medio ambiente en general, la preservación del agua y sus fuentes, y la necesidad de desarrollar el Estado Plurinacional. Pero aquello implica todo un proceso, no es de tajo, requiere de desarrollos constitucionales y legales en los que tendrá un rol fundamental la Corte Constitucional, y exige mucho tino, prudencia, consensos sociales para preservar la unidad nacional.

La construcción de un Estado Plurinacional, tampoco significa que un sector social imponga sus intereses y su visión cultural en forma exclusiva en el ordenamiento jurídico, sino que las leyes reflejen fielmente el carácter del Estado unitario y a la vez intercultural y plurinacional.

Por lo tanto significa pensar un ordenamiento que permita la convivencia de los “distintos” “hermanos”, de las personas, comunidades, pueblos, etnias, culturas y nacionalidades, pero no el sectarismo, peor racismo o resentimientos sociales de bajas motivaciones que llevan a la exclusión del otro, del diferente.

No tiene fundamento calificar al gobierno del Presidente Correa como “neoliberal”, “privatizador del agua” o “extractivista” sin más, no caben visiones en “blanco y negro”, como no cabe que el gobierno descalifique a la dirigencia indígena, o tilde al movimiento indígena como separatista o incite al levantamiento de la otra parte de la sociedad, eso llevaría al enfrentamiento de pueblo contra pueblo.
Cabe si dar paso a la sensatez política de ambas partes, lo que implica desterrar fundamentalismos que llevan a antagonismos irreconciliables cuya cosecha será de Nebot, Noboa y Gutierrez. La Asamblea Nacional a condición de reubicar correctamente su rol social y político tiene una importante tarea que cumplir para salir de esta nueva crisis.
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