Lauro López Bustamante

En esa obsesiva pasión del Presidente por tener en sus manos los poderes del Estado, no se escapa la Fiscalía. Hombre de confianza y émulo de aquel, Don Washington, referido con afecto y en público como Wacho, no se inmuta en insultar en público a sus detractores y ha sido ágil para hacerse de la vista gorda cuando se trata de cubrir las majestuosas espaldas presidenciales. El Presidente lo ha defendido, y lo sigue haciendo, y siempre que puede trata de espantar a las moscas políticas que pretenden sacarle de sus fueros, evitando que éste abra su caja de Pandora y revele los secretos hasta ahora muy bien guardados. Pero una extraña fisura entre compadres, casa adentro del Movimiento País, en su ala de “Ruptura de los 25″, ha llegado al extremo de que alrededor de 15 Asambleístas de esa subtienda le busquen camorra, con juicio político incluido, con una serie de acusaciones que a leguas lucen por su candidez e ingenuidad.

No es que Don Washington no se merezca un juicio político. Sus acciones y omisiones le hacen el mejor candidato para que la “Revolución Ciudadana” devuelva al país la palabra FISCALIZACION. Si los y las Asambleístas de Ruptura de los 25 le exigieran cuentas por dos grandes casos que han conmovido la conciencia de los ecuatorianos, todos, bueno casi todos, les aplaudiríamos. El uno relacionado al caso de la familia Isaías. Su protectora y antecesora en el cargo, Doña Mariana Yépez, al acusar a los hermanos William y Roberto, dejó de lado la figura de peculado bancario y los acusó por falsificación de documentos, allá por el año de 2003. Don Washington, años después, pudo cambiar esa figura y rectificar lo actuado, pero prefirió mirar a otro lado. Los jueces, ni corto ni perezosos, sentenciaron con lo que tenían entre manos y resultó que la pena de 4 años para ese delito no se aplicaría porque el juicio ya prescribió. Como no ha habido peculado, los hermanos podrían pedir hasta el vuelto. Y el otro. El caso Ivanhoe. Sucede que el Presidente, sin licitación y contraviniendo la Ley de Contratación Pública, se arroga la potestad de entregar a esa empresa el Bloque 20, que involucra al campo Pungarayacu, para su explotación. León Roldós denunció esta y otras anormalidades de ese contrato a la Fiscalía, y el Sr. Fiscal no ha dicho nada.

Pero acusarle de nepotismo, de supuestas irregularidades en la compra de edificios para oficinas de la Fiscalía en algunas provincias y de abuso de poder, luce como una doblez política que no convence a nadie. Si el juicio político fuera por las razones arriba mencionadas, en verdad estaríamos asistiendo a una depuración de esa institución con claras intenciones de mejorar la moral política. Si esos grandes intereses del Estado fueran los que mueven a Ruptura de los 25, creeríamos que el rubor ha vuelto a las mejillas de los y las Asambleístas y sería una muestra de que ese poder ha recobrado su honra y valía al devolver al país la palabra FISCALIZACION. Argumentos de poca laya, como los que se exhiben, demuestran que el asunto no pasa de ser una simple rencilla entre compadres.