Javier de la Torre Prado

Creo, porque tengo la profesión de abogado, que existen muchas falencias en el poder judicial. Pero no es menos cierto que en ámbito del derecho penal, al cambiarse al sistema acusatorio oral, se traslado al Ministerio Público la capacidad de llevar adelante el proceso penal en la fase de su instauración, ya de investigación e instructiva.

El sistema adoptado en sí no carece de deficiencias a más de aquellos que son propias de quienes tramitan las causas, vale decir los agentes fiscales.

EL anterior semana, el Presidente de la república ante una denuncia por parte de un coronel de la policía, quien indicaba que se había dejado en la impunidad por parte de jueces corruptos a muchos delincuentes, se solidarizo en sus ya consabidas cadenas de los sábados con dicho oficial.

Pero como dicen el refrán popular el que mucho habla mucho yerra, lo mentado le cayó como anillo al dedo pues la Presidente de la Corte Superior de Justicia, con una entereza digna de alabanza, pues sé que deberá enfrentarse a retaliaciones, le indica al primer mandatario que de los juicios que ha denunciado el mentado coronel, la mayoría se debe a que los fiscales no han impulsado las causas ni han emídido sustentación de cargos, ni han solicitado medidas cautelares personales, esto para el vulgo quiere decir órdenes de detención.

Ya la contraloría determinó, la falencia con que actuaba el Ministerio Fiscal en las causas tramitadas, ante lo que el Ministro Fiscal se allana en indicar que esto se ha salvado al enviar a un funcionario para que realice labores de auditoría.

En cuanto a lo dicho por el Presidente de la República que los Jueces que presuntamente son negligentes son de las filas del Partido Social Cristiano, la Presidente de la Corte Superior de Justicia, le señala que es en éste gobierno en el que han sido nombrados, por lo cual pierden piso tales acusaciones.
De todo lo dicho, si bien es meritoria la denuncia del coronel de las filas policiales debía este al igual que el Presidente cerciorarse de la realidad procesal antes de lanzar increpaciones falsas que pueden incluso llevar a acciones judiciales para resarcir los daños morales causados a los interesados.

Me pregunto; porque es pauta de conducta de este gobierno, la ligereza con la cual se hacen afirmaciones que después resultan erradas?

Todo político serio debe actuar con la madurez ideológica de respetar el bien común, entre el que se encuentra la honra de los habitantes, principio consagrado en la Constitución, pero, si la honra es tenida como “decir lo que le viene en gana “, a las autoridades, el estado de Derecho Constitucional que se puso en la actual Ley Suprema es simplemente una farsa que es violentada todos los días y en cada momento.

Nadie tiene el derecho de lanzar increpaciones sino han sido comprobadas, ni autoridades, medios de comunicación, ciudadanos, etc., porque existe un principio lo más simple y comprensible para el más ignaro que la ley se hizo para todos.

Confirmado lo dicho por el Presidente de la Judicatura tendrá el Presidente la entereza de corregir el error y fijar la responsabilidad a quién le corresponde o será que se mantenga en una mentira que deteriora a una institución, no perfecta, pero que al efecto no es culpable de lo que se le imputa.