Los problemas en campos fundamentales como educación y salud siguen creciendo, contrariamente a lo que señalan las declaraciones y los anuncios oficiales. En buena parte de los hospitales públicos del país las condiciones en las que se desarrollan las actividades tienen iguales o mayores limitaciones que antes. Las imágenes de personas mayores y niños durmiendo a la entrada de las casas públicas de salud en Guayaquil-por ejemplo-son un ejemplo patético de que existe una distancia significativa entre lo que se dice y lo que realmente se hace. Quitar al municipio porteño los programas de salud que funcionaban correctamente, sonó bien con el argumento de que esa era una obligación del estado, pero en la práctica sus resultados son calamitosos. Deteriorar significativamente ese servicio a los más pobres con el argumento de restarle influencia a esa alcaldía es una muy mala acción.
En el campo de la educación ocurrió y sigue sucediendo cosa similar. Con el argumento de la gratuidad se suprimió el pago de los veinte y cinco dólares que antes pagaban los padres de familia como contribución a escuelas y colegios para con esos fondos pagar maestros especiales, reparar los edificios y adquirir bienes necesarios para una mejor educación pública. En la teoría y en las declaraciones sonó muy bien. Esos recursos que se dejaron de recibir debieron ser cubiertos por el estado y así se prometió. En la práctica-en cambio- las cosas son distintas. Los fondos de compensación llegar tarde y a veces nunca. Pero además no equilibran lo que los establecimientos dejaron de recibir de los padres de familia. Como consecuencia muchos establecimientos han optado por cobrar valores con distintos pretextos y en algunos casos funcionan sin recursos ni medios pues el estado solamente cubre sueldos.
En los dos casos quienes resultan perjudicados son los más pobres que son quienes acuden a los centros públicos de salud y a los establecimientos estatales de educación. En la teoría la gratuidad de salud y educación fue un triunfo y debería haberlo sido. En la práctica-que es lo que cuenta- las cosas son distintas y esos servicios han sentido en buena parte de los casos un descenso de sus niveles. La solución desde luego no está en volver a cobrar. Está en que el estado cubra los recursos que se necesitan y que a veces son distraídos en otros campos. Entre las palabras y los hechos hay distancias grandes y superar esas distancias debería ser la gran tarea del estado durante los próximos años para que esos derechos se hagan efectivos y no queden –como están hasta ahora- solamente en el papel en buena parte de los casos.