Están a punto de concluir los estudios definitivos del proyecto hidroeléctrico Enerjubones, integrado por las generadoras Minas-San Francisco y La Unión, que aportarán al sistema nacional integrado unos 400 megavatios, es decir el doce por ciento de la producción nacional. Forma parte del plan maestro trazado por el entonces Inecel, inicialmente a cargo del gobierno central pero ahora bajo la responsabilidad de los Consejos Provinciales de Azuay y El Oro. En la región austral es la única obra de este tipo y envergadura que se levantará en la vertiente occidental, donde llueve cuando precisamente deviene la sequía en Paute, Agoyán y Coca-Codo-Sinclair que se ubican hacia el oriente. Se trata entonces de una iniciativa complementaria e indispensable para evitar el déficit energético, que se origina en dichas épocas. Además de otros beneficios como disminuir la polución ambiental producida por las centrales térmicas, que desde octubre entrante podrían generar hasta el sesenta por ciento de la demanda general, en caso de que el estiaje se presente severo como en años pasados.
Enerjubones atenderá preferentemente los requerimientos existentes en las provincias sureñas que integran la mancomunidad, donde se concentran más de dos millones de habitantes. Constituye así una de las obras emblemáticas en el proceso de regionalización que emprende Ecuador, por necesidad intrínseca de sus pueblos excesivamente fraccionados antes que obedeciendo al marco legal recientemente aprobado en la Asamblea. Ciertos dirigentes de grandes conglomerados poblaciones critican la iniciativa, porque temen perder los privilegios alcanzados a costa del abandono e impotencia de los más pequeños. De allí que vemos ciudades monstruos como Guayaquil, Quito y la propia Cuenca, que crecen sin parar, mientras otras de la misma región van despoblándose aceleradamente. Aquí radica una de las principales causas para distribución inequitativa de los recursos fiscales, así como la incapacidad de generar fondos destinados a solventar los requerimientos básicos de sus comunidades cada vez más empobrecidas.
Ojalá el incremento en la oferta hidroeléctrica del país ayude a bajar el costo del servicio, que continúa siendo caro en comparación con otras latitudes del continente. Cuatro centavos por kilovatio-hora es la tarifa razonable, según el gobierno actual, frente a los ocho que le cuesta al sector residencial y doce en promedio para el área productiva. Colombia nos vende a 18 centavos mientras Perú hasta en 32, lo cual le significa al Estado considerables egresos que generalmente salen de los presupuestos sociales. Todo esto en un país donde abundan las fuentes hídricas pero escasea el dinero para utilizarlas en forma técnica, ecológica y humanamente sustentable.