La decisión se tomó unilateralmente, no se socializó un plan de intervención y se dispone una evacuación definitiva sin dimensionar la realidad poblacional, fueron entre otros los reparos que hicieron los moradores del cerro Mishquiyacu, que integra parte de la zona 1 de La Josefina, área para la cual se ha dispuesto la declaratoria de utilidad pública y consecuentemente la expropiación de los predios.

Las puntualizaciones se hicieron en una reunión realizada la mañana de ayer junto al puente Europa, en medio de los reclamos y malestar que generó la ausencia del gobernador Leonardo Berrezueta.

La cita tenía el propósito analizar conjuntamente la decisión de evacuar en forma definitiva a los habitantes de los cerros Tamuga, Mishquiyacu y Zhizhío, tema que está a cargo del Consejo de Operaciones Empergentes, COE, del Azuay, cuyo presidente es la primera autoridad de la provincia.

“No es la primera vez que nos hace esto, porqué no viene acá el gobernador y conoce de cerca el problema social que está generando, y sólo manda emisarios que con el respeto que se merece el licenciado Toledo, no tienen ningún poder de decisión”, manifestó uno de los moradores.

Cristobal Rodas, integrante del grupo que se siente perjudicado señaló que los terrenos de los pobladores no están en venta y menos por centavos el metro cuadrado, también señaló que no se trata de “Siete familias de ignorantes, a las que hoy se les dice váyanse y se van”.

Se habían reunido por lo meno unas 50 personas, pues por se un día laborable no llegaron todos, según explicó el dirigente de los habitantes de Mishquiyacu, Luis Brito. Quien dio la cara en primer término fue el director regional del Ministerio del Ambiente, Gustavo Morejón, quien advirtió del peligro que asecha a la zona, con lo cual justificó la resolución adoptada por el Consejo de Operaciones Emergentes, COE.

El funcionario dio la razón a los reclamantes, respecto del número de habitantes de la zona, en comparación a lo que determina el catastro elaborado, incluso reclamó la no presencia de los demás. También estuvieron concurrieron a la cita, técnicos del Consejo de Gestión de Aguas del Paute, CG Paute.

Sin embargo no se presentó ninguna propuesta de diálogo que permita entrar en proceso que permita encontrar soluciones al conflicto social que se ha presentado. Las intervenciones fueron múltiples pero la voz insistente exponía la negativa de los comuneros, de abandonar sus tierras.

“Porqué tienen que ensañarse con los más pobres, gracias a nuestros esfuerzos hemos abierto la carretera, hemos instalado el sistema de agua, el Gobierno no nos ha dado ningún apoyo, y ahora aparece para quitarnos lo poco que tenemos y pagarnos una miseria que no alcanza ni para un helado. Y pregunto, ¿Cuántos juicios y sentencias habrá en contra de los mineros que explotaron sin control y desestabilizaron la zona?”, expresó Víctor Rocano, habitante de Mishquiyacu.(AZD)

Área afectada

El área que será expropiada corresponde a un total de 396 hectáreas ubicadas en la zona 1, de La Josefina, éstas se encuentran distribuidas en 269 predios. El pago por concepto de indemnizaciones, según el cálculo del COE es de 1`480.355,20 dólares.

Según el gobernador Leonardo Berrezueta, pueden ser muchos los propietarios de los terrenos afectados, pero el catastro manejado por el COE determina que en la zona viven unas 34 personas que integran sólo 7 familias, a las que a más de la indemnización por su propiedad, se les proveerá de una casa de 9.000 dólares a través del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, MIDUVI. (AZD)