Simón Valdivieso Vintimilla

Está en circulación el proyecto de reformas en materia penal enviado por el ejecutivo al legislativo. Es decir de Carondelet al Recinto de la Democracia.
Ese proyecto a vuelo de pájaro no dice lo que se señala en la exposición de motivos, como por ejemplo, se invoca a la Constitución de la República y se hace relación a la realidad de las víctimas del consumo de sustancias estupefacientes, pero ya leído el documento no existe reforma a la ley de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, lo que quiere decir que la Constitución de Montecristi no se hace presente en esa materia, tan necesaria para evitar la criminalización de los enfermos.

La reforma penal y procesal penal a esta edad de la patria no es adecuada. Basta de parches que nada bien hacen al país, más bien en veces genera inseguridad jurídica amén de la inseguridad ciudadana como lo que sucedió con la reforma penal de marzo de 2009. Lo que necesita el Ecuador es contar con un cuerpo legal que se armonice con el espíritu de justicia plasmado en la Constitución de Montecristi.

El gobierno tiene preparado un proyecto grande, un Código de Garantías Penales elaborado en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desde hace mucho tiempo atrás, del que seguro nada se ha tomado en estas dos últimas reformas penales como son las de marzo de 2009 y 2010, peor aún en el proyecto en mientes.

Las reformas así como el proyecto van tomando distancia con la Constitución, pues la filosofía allí plasmada en principios como los de proporcionalidad, mínima intervención, oportunidad, han quedado como mera literatura constitucional. La reforma penal antes que ajustarse a las exigencias de una sociedad en cambio como el anunciado en este proyecto político de revolución ciudadana toma cercanía con el viejo derecho penal autoritario o con el moderno derecho penal del enemigo.

Nuestros Códigos en materia penal no se ven la cara. El Código Penal debe verse con el Código Procesal Penal y por ende los dos con el Código Ejecutivo Penal para poder decir que la justicia en materia penal está en curso y calza con la Constitución. Insistimos, códigos y constitución, porque toda normativa inferior debe estar acorde con la norma suprema.
Los tres códigos son de vieja data, uno más que otro mal remendados y mal zurcidos, pero lo penoso es que el más joven de los tres, el del procedimiento penal con apenas diez años de edad ya está bastante mal recosido, lo que hace que la justicia penal no sea lo que queremos que sea por mandato constitucional. Entonces los tres códigos deben verse la cara con la Constitución de la República, cosa que no sucede y por eso las críticas al sistema de justicia penal.

El proyecto de “Código de Garantías Penales” apadrinado por estudiosos del derecho contemporáneo como Ramiro Avila Santamaría y Jorge Paladines entre otros, es el Código que necesitamos los ecuatorianos; es el cuerpo normativo que se ajusta a la exigencia constitucional. Remendar y mal remendar no es buena receta.
En el proyecto de reforma hemos visto que se instituye la figura del agente encubierto pero nada se dice sobre la eximencia de responsabilidad de aquel policía que pueda intervenir como tal. Las penas más severas no disminuyen los índices de criminalidad, pero la reforma va hacia allá.