Romeo Gárate Pacheco, ministro fiscal de la Provincia del Cañar, invita a jueces a impartir justicia mirando los hechos y no formalismos.

AZOGUES.- El tráfico de personas que involucra a redes de “narcotraficantes, coyotes y mafias  criollas y extranjeras”, está presente en la Provincia del Cañar y Ecuador, porque las condiciones socioeconómicas paupérrimas en las que viven las personas, alimentan al fenómeno migratorio, dice Romeo Gárate Pacheco, ministro fiscal del Cañar.

La fiscalía, con respecto al ciudadano que se salvó de morir en la masacre de México días atrás, trabaja en dos frentes: uno en buscar elementos de convicción para determinar el cuerpo del delito y sancionar a los presuntos, autores cómplices y encubridores; y, otro brindar protección a los familiares, porque estamos frente a mafias peligrosas que tienen tentáculos y conexiones en todo el mundo.

Está protegida toda la familia del sobreviviente: la esposa, abuela, hermanos, tíos toda la familia vinculada con la víctima. La fiscalía brindará protección policial, psicológico y económico el tiempo que sea necesario, no hay límite, en base al reglamento que protege a víctimas y testigos, porque está en juego la vida de personas que pueden ayudar mucho a la justicia nacional e internacional.

Hay la disposición de investigar a toda la red que actúa en el tráfico de personas como: coyotes, enganchadores, prestamistas, notarios, registradores de la propiedad, hoteleros, bancos y cooperativas para determinar movimientos económicos, agencias de viajes, agentes del orden internos y externos. Pero es necesario, que las personas colaboren con nombres, direcciones sin temor a represalias.

En Cañar, hay procesos judiciales que están en marcha unos con instrucción fiscal, formulación de cargos y sentencia, muchos juicios también han sido sobreseídos y anulados por los jueces, como fue el caso del naufragio en el 2007 en las costas de Atacames, Provincia de Esmeraldas, donde no hay un solo sentenciado y los presuntos implicados están libres porque el juez nunca encontró culpa.

El pedido de la fiscalía a los jueces, es que impartan justicia, que los hechos no queden en la impunidad, que sirva de ejemplo para que la gente denuncie y tenga confianza, de que la justicia está trabajando en pos del bienestar y paz de la ciudadanía. En la práctica la gente no denuncia, porque desconfía en la administración de justicia, en Cañar hay un decrecimiento de denuncias del 30%, es un hecho que preocupa y no se conoce las causas.

“Es necesario que exista una complementariedad de la tesis acusatoria de la fiscalía, pero hay jueces que son rigurosos en los formalismos, ven más los formalismos que los hechos, lo que pedimos es que evalúen más los hechos que los formalismos. En el caso del naufragio de Atacames, a nivel nacional e internacional se conoció como se dieron los hechos, pero en Cañar los jueces nunca vieron como se dieron los hechos”, sentenció Gárate.

COLABORACIÓN

Todos los fiscales de la Provincia del Cañar, trabajan en la investigación de casos de coyoterismo y  se coordina con la fiscalía del Azuay, para que el trabajo se realice en esa jurisdicción.

Es urgente la colaboración de las personas, de los familiares porque muchos reciben ayuda del Estado y otras dependencias, pero no colaboran con la administración de justicia entregando datos de los presuntos traficantes. (JBM)

Fiscales responsables
de la investigación

AZOGUES.- La fiscalía según el Código de Procedimiento Penal es el ente encargado de la investigación de delitos, que concluye con la acusación o no acusación y el juez de garantías penales en base a la información fiscal, llama a juicio o declara el sobreseimiento, sostiene Romeo Reyes Buestán, presidente de la Corte Provincial de Justicia del Cañar.

Antes el juez investigaba, ahora el juez únicamente resuelve, entonces sí el fiscal hace una investigación correcta, presenta parámetros necesarios y las conclusiones tienen elementos de convicción de responsabilidad de algo, como el caso del tráfico de personas, el juez puede llamar a juicio para que él o las personas respondan por sus culpas.

Cuando no hay elementos de convicción el juez no tiene como llamar a juicio. Sucede muchas veces, que la sociedad cuando conoce por los medios de comunicación, el cometimiento de un delito vinculado con tráfico de personas, está consciente que hay el hecho, pero no sabe que una investigación debe reunir muchos elementos, hasta que llega al juez para que dicte la providencia.

Cuando no hay elementos que prueben el cuerpo del delito, el administración de justicia no puede llamar a juicio al implicado y optará por el sobreseimiento provisional para que el fiscal, pueda encontrar nuevos elementos y formular  nueva imputación. La instrucción fiscal no es formalista, es desformalizada.

Fiscal y policía judicial son un solo cuerpo porque se auto auxilian en la investigación del delito, ellos son los “dueños” de la investigación y el juez no tiene nada que investigar,  pero si no hay claridad, no se puede llamar a juicio y tendrá que anular y sobreseer en muchos casos, pese a la alarma social, sostiene Reyes.

La ley es drástica y no hay fianza para los traficantes de personas, pero pueden obtener la revocatoria de la detención, si no existen indicios de responsabilidad, ahora no necesariamente una persona detenida es culpable del haber cometido el delito, hay que demostrar porque es preferible “poner en libertad a un culpable que poner preso a un inocente”.

Tanto fiscales y jueces debemos poner todo el empeño y estudio para que los casos no queden en la impunidad, es bueno ir a un proceso abreviado, para que una causa se resuelva en dos  días y no en seis meses. El principio de oralidad, quiere agilidad, celeridad y decisión, para que tanto el fiscal, juez y víctimas sepan en que concluye el proceso.

“Yo siempre invoco a los jueces que están bajo nuestra responsabilidad en la jurisdicción del Cañar, mucha conciencia, honestidad y estudio en todos los trámites. Todo proceso grave o sencillo tienen el mismo trato, no hay privilegios, entonces el juez siempre tiene que ser honesto.

Con juez honesto hay justicia, mientras haya deshonestidad en cualquier ámbito no se podrá descubrir la verdad, pero vamos caminando derecho, buscando la verdad, esa es la misión del juez, que es una misión sagrada.

En el ámbito penal el juez tiene que ser humano, porque no está tratando bienes como en el ámbito civil, sino la libertad, la vida,  la realidad socioeconómica de una persona, para eso tiene que ser humano, por ejemplo la ley dice que un delito puede ser sancionado entre 4 y 8 años, hay un espacio para escoger la pena según las circunstancias”, analiza Reyes Buestán. (JBM)