En los tiempos de los gobiernos absolutistas, para el ejercicio del poder las leyes, si es que existían, estaban supeditadas a la voluntad del gobernante. En las dictaduras, a las que tan proclives han sido los países latinoamericanos, al asumir el mando el dictador declaraba que siguen en vigencia la Constitución y las leyes en cuanto no se opongan a los objetivos del gobierno. Los largos y penosos avances en el mundo cristiano occidental para garantizar los derechos ciudadanos arrancaron con conseguir leyes que limiten la voluntad del déspota, al margen de si su legitimidad estaba basada en la delegación divina. Las leyes eran entonces un limitante para la voluntad omnímoda y una garantía para los ciudadanos en cuanto contaban con reglas del juego, aunque sean elementales.

En una democracia las leyes tienen prioridad sobre las personas. La voluntad del gobernante está limitada por el sistema jurídico vigente y su cumplimiento es esencial al comportamiento ciudadano. En este caso las leyes son instrumentos que sirven para recurrir a ellos en la gestión pública y el comportamiento personal o colectivo. La democracia implica práctica de la libertad, pero limitada a las normas vigentes; actuar “libremente” al margen de las leyes es libertinaje. La coexistencia civilizada parte del principio de que los derechos de una persona terminan donde comienzan los de los demás, siendo las leyes las que establecen estas posibilidades y limitaciones.

Para que las leyes funcionen adecuadamente, deben responder a las condiciones de la sociedad que varían de país a país y, siendo la sociedad cambiante, también las leyes deben ajustarse a estos cambios. Es una tendencia generalizada atribuir las deficiencias de un país a las leyes y creer que, cambiándolas, todos los problemas se solucionarán. Las leyes no son varitas mágicas, al ser instrumentos, su eficacia depende de la manera como las usen los que tienen funciones públicas. Pero también son instrumentos para los ciudadanos que pueden y deben servirse de ellas para organizar su comportamiento cívico. No cabe negar que hay leyes buenas y malas, pero ante todo dependen de cómo las manejen los gobernantes y las observen los ciudadanos.