Mario Jaramillo Paredes

De ser verdad la información en el sentido de que en los últimos cinco años no existe en la provincia del Azuay ninguna persona detenida por el delito de coyoterismo y que nadie está siendo juzgado por esa misma causa, la primera reacción que le viene a la mente a cualquiera -menos a las autoridades  que solamente se sorprenden cuando hay una tragedia y un escándalo como el último de México- es que es insignificante lo que el Estado hace por extirpar este mal.

La tragedia producida en México la semana pasada con todo el macabro cuadro de cuerpos mutilados de pobres migrantes a los que se asesinó, ha traído nuevamente a primera página el drama de la migración y el crimen impune que significa el coyoterismo.

Sin embargo los que vamos con bastantes años a cuestas no nos hacemos la ilusión de que las cosas vayan a cambiar. En el pasado se han dado casos semejantes de migrantes muertos o más bien dicho asesinados por la irresponsabilidad de los traficantes de seres humanos y nada ha pasado además de un escándalo transitorio.

Ayer como ahora las autoridades han reaccionado anunciando a los cuatro vientos que se perseguirá a los culpables y se sancionará a quienes pudiendo hacerlo no impidieron que los coyotes sigan actuando. Han dado discursos, han ofrecido el apoyo a los familiares de las víctimas, se han tomado una que otra foto visitando a los campesinos  en sus pobres chozas –a las que seguramente nunca volverán- y las cosas han retornado siempre a la impunidad total.

Sin necesidad de ser un detective ni un miembro de los hoy nutridos cuerpos de inteligencia y seguridad del Estado, los vecinos de las poblaciones de donde proceden la mayoría de migrantes y en donde “trabajan” los coyotes siempre dicen que todos saben y conocen quienes son los contactos y dónde se les ubica. El problema mayor -señalan- no es el de encontrar al coyote. El problema es encontrar el dinero o los bienes que garanticen el pago a estos traficantes.

La conclusión obvia a la que se llega es que todos saben quiénes son los responsables de ese tráfico humano. Todos menos quienes como autoridades deberían saberlo y sabiendo quienes son perseguirles implacablemente. Ni un solo preso y ni un solo juzgado en los últimos cinco años por coyoterismo en el Azuay, habla más que mil palabras y una docena de ruedas de prensa y entrevistas. Es –de ser verdad el dato- un monumento a la incapacidad para aplicar las leyes por parte de un Estado ineficiente que solamente cuando hay un escándalo como el último ofrece -hasta que las cosas se calmen- que ahora sí habrá mano dura.

Quienes asesinaron a los pobres migrantes latinoamericanos en México no son solamente los sicarios. Son también quienes desde aquí les enviaron.