El presidente de la Corte de Justicia del Azuay, José Vicente Andrade, ratificó el martes de esta semana el auto de llamamiento a juicio en contra del ex alcalde de Sígsig, Marcelino Granda y del técnico de la Unidad de Gestión Ambiental, UGA, de la Municipalidad de ese cantón, David Tenezaca.

El dictamen se dio en el marco del proceso de investigación, seguido por el Ministerio Fiscal, ante denuncias presentadas por ciudadanos de Sígsig, por presunto cometimiento de delito ambiental.

El auto de llamamiento significa que los jueces han aceptado las presunciones de responsabilidad plateadas por la Fiscalía como resultado de la investigación, y se deja de lado la apelación que interpusieron los acusados, explicó la ministra fiscal distrital del Azuay, Julia Elena Vázquez.

El paso inmediato una vez tomada la resolución en base a la apelación interpuesta por los involucrados, el caso pasará a otra sala de la Corte Provincial de Justicia, que será la encargada de desarrollar la audiencia de la etapa de juicio, allí se determinará la inocencia o la culpabilidad.

En este caso, la Fiscalía refiere la existencia de conductas de misión, es decir no se ejecutaron las acciones correspondientes para evitar la contaminación ambiental.

Reacción

“Más que acusarme de cometer un delito ambiental, se me acusa de una supuesta omisión; supuestamente yo no he hecho nada, situación que tendrá que probarse. Cumplí con obras de alcantarillado y otras mediante convenio con el CG Paute y la fundación Rikcharina para preservar el medio ambiente; incluso fui a dar a la cárcel por defender las Playas de Shingate”, expresó Marcelino Granda.

Concluyó señalando que las denuncias surgieron de algunos miembros de la llamada Junta Cívica, por una retaliación de orden político.

“Se impidió labores mineras para evitar la contaminzación; se hizo mucho, pero finalmente yo no era dueño de las decisiones, estaba sujeto a las resoluciones del Concejo Cantonal. No entiendo cómo se me puede responsabilizar de supuestos oficios que yo he enviado, en un lapso de dos años en que permanecí fuera del Municipio”, agregó el ex alcalde.

Las sanciones

Para los casos de cometimiento de delitos ambientales, la Ley sanciona con prisión de hasta tres años.

Además, la Constitución y el Código de Procedimiento Penal, obliga la restitución integral, en caso de haberse producido daños a la naturaleza.(AZD)