La Red de Justicia de Quito, conformada por: Fundación Fabián Ponce, Corporación Participación Ciudadana, INREDH, Esquel, Consultorios Jurídicos de la PUCE, Centro de Derechos Humanos de la PUCE, Pastoral Social – Caritas Quito, y Fundación Lexis, ha realizado desde julio del 2010, observaciones a los reglamentos para la designación de autoridades, siendo acogidas en gran mayoría por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Sin embargo, la trascendencia del concurso requiere que se designe a los mejores hombres y mujeres del país, por lo cual se ha visto la necesidad de incorporar en la designación de autoridades, el tema de competencias.

Los miembros de la Red Justicia han acudido ante el pleno del CPCCS el pasado martes 7 y miércoles 8 de septiembre, para ratificar su preocupación porque en los reglamentos de selección de autoridades no se estipula en la oposición ninguna prueba que mida las competencias de los postulantes para ocupar los principales cargos de la Función Judicial.

Cabe recordar que en el 2005, cuando se eligieron los Magistrados de la ex Corte Suprema de Justicia ya se incluyó una prueba de competencias; por lo que el no hacerlo en los concursos que se van a realizar para elegir Fiscal General, Miembros del Consejo de la Judicatura y Defensor Público, no solo significaría un retroceso, sino un riesgo para el país, ya que no se estipula ninguna prueba que mida las competencias requeridas para el cargo. Los reglamentos como están concebidos garantizan que el mejor puntuado sea una persona con conocimientos, pero nada garantiza que sea el ciudadano más competente para el cargo. La Red de Justicia hizo énfasis en que es absolutamente necesario encontrar a las personas más competentes debido al colapso en que se encuentra la Función Judicial.

La propuesta de la Red de Justicia busca que en el examen de oposición se incluya una prueba de conocimientos y otra de competencias, para lo cual deberá establecerse el perfil del candidato y seleccionar los instrumentos que permitan medir dichas competencias, a fin de evitar que simplemente se elija a las personas que más títulos o experiencia tengan, sino más bien, a aquellas más competentes para el cargo.

Esperamos que nuestra voz sea escuchada en un tema de vital importancia para mejorar la administración de justicia y los niveles de transparencia en nuestro país.
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