La Fuerza Pública continuará en Santa Isabel hasta que sea necesario según el Gobernador del Azuay.(AZD)

Ayer se cumplió el segundo día de permanencia de Miriam Guartán, de Alianza País, en la Alcaldía, en medio de un intenso resguardo policial. Los ciudadanos que protestaban por la toma del Municipio por quien dice ser la nueva autoridad del cantón se han ido retirando de a poco.

“Hemos pedido al pueblo que mientras estén cientos de policías y militares, se retire a sus casas, ya llegará el momento en que se queden solos y seguramente saldrán corriendo los usurpadores porque le tienen miedo a la gente; hace 15 días ya estuvo la señora Guartán en el Municipio, porqué no se quedó entonces”, expresó ayer el alcalde electo de Santa Isabel, Rodrigo Quezada, en rueda de prensa.

Sin embargo denunció la persecución de la que dijo están siendo objeto sus colaboradores y seguidores, lo que ha dado como resultado la detención de 15 personas entre las 07h00 y 08h00 de la mañana de ayer, incluso con el desplazamiento de policías a los domicilios. Al respecto, el gobernador del Azuay, Humberto Cordero, afirmó a las 09h30, que son sólo 9 los aprendidos por alteración al orden público y que están a órdenes del Intendente de Policía Jorge Cabrera.

Por otro lado dijo que Santa Isabel seguirá con policías y militares mientras sea necesario para mantener el orden, en acato a lo dispuesto por la Jueza Elizabeth Valarezo. Eran las 14h30, y el parte policial referente a las detenciones no llegaba aún a la Intendencia de Policía, según Cabrera. “No he recibido el parte, extraoficialmente conozco que son 9 los detenidos”, expresó. Sin embargo en la tarde hasta las 18h00 se cumplió la audiencia y salieron libres tras pagar una multa.

Según Quezada, no le quieren sacar por corrupto o por robar, sino por coincidir con quienes se oponen a la minería a gran escala. “El presidente Correa dice tranquilos cuencanos que no se va a contaminar el agua de la cuenca del Paute, claro pero se contaminará el agua de la cuenca del Jubones, esa es la gran causa para quererme fuera de la Alcaldía, sumado a ello el accionar de una jueza corrupta”, expresó.
Aseguró que continuará cumpliendo sus funciones de alcalde a pesar de no tener el manejo de las cuentas municipales.

“La única Alcaldía válida es la electa por el pueblo, creamos una nueva parroquia azuaya, Cañaribamba, que ha sido reconocida y publicada en el Registro Oficial y el CNE ha convocado a elecciones eso significa que el Concejo Cantonal es legal. La otra es una administración usurpadora, representada por dictadores, responsabilizo a los jefes de Policía y Ejército que están respaldando esta dictadura en la que sacan un alcalde electo democráticamente y ponen otra a dedo”, puntualizó Quezada.

Sobre la suspensión del servicio de agua potable señaló que debe tratarse de alguna avería en la tubería, situación que será resuelta de manera inmediata.

Dijo confiar en que la Justicia llegue a través de la Corte Provincial que deberá resolver la apelación sobre el pedido de la acción de protección interpuesta por sus seguidores.

“Me someto a revocatoria y que se sometan a revocatoria los concejales de País, es el único camino de salida democrático. Insto al señor Gobernador a promover este camino, si la señora Guartán dice que no pueden someterla a este proceso, es otra prueba de su ignorancia, estamos a mitad de período y la Ley prevé esta posibilidad”, concluyó.(AZD)

El alcalde electo Rodrigo Quezada, en rueda de prensa junto a dirigentes y coideaios.(AZD)

CRONOLOGÍA

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• En el 2010, la concejala de Alianza País, Yuli Ortiz plantea una acción de acceso a la información pública en el Juzgado de Santa Isabel, en contra del alcalde Rodrigo Quezada.
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• Septiembre 07 de septiembre de 2010, el abogado defensor de la concejala Ortiz (accionante), señala que con fecha 3 de septiembre, se han entregado un conjunto de actas.
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• Marzo 01 de 2011, la jueza Elizabeth Valarezo ordena mediante providencia al Concejo Cantonal el inicio del procedimiento para una eventual destitución del alcalde Quezada.
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• Mayo … de 2011, la jueza de Santa Isabel, Elizabeth Valarezo Loaiza, dispone al Concejo Cantonal que trate el tema e inicie el debido proceso que podría ir hasta una eventual remoción del alcalde.
• Mayo 19 de 2011, estando en funciones Rodrigo Quezada, la vicealcaldesa Miriam Guartán, convoca a sesión del Concejo Cantonal y se resuelve por votación la destitución.
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• Julio 26 de 2011 la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Azuay inadmite la acción de protección deducida por el señor Rodrigo Quezada, en segunda instancia.
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• Noviembre 24 de 2011, la Señora Guartan, presenta un medida cautelar para dejar ´´expedito´´ el edificio municipal, que es aceptada por la misma jueza que conoció lo anteriores procesos.
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• Lunes 19 de diciembre la misma jueza dicta una resolución concediendo las medidas cautelares, luego de haber hecho una inspección judicial verificando el normal funcionamiento del Municipio.
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• 28 de diciembre, la jueza emite una providencia disponiendo el ingreso de la señora Miriam Guartán al Municipio, la misma que se intentó cumplir el 29 sin éxito debido a la resistencia de la gente.
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• Una nueva providencia emite la jueza el 04 de enero de 2012, en la que dispone a la Policía que se dote del personal necesario para el ingreso de Guartán a la Alcaldía rompiendo las cerraduras.
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• Lunes 23 de enero, se cumple la orden de la jueza con 150 policías y un operativo que consumó el ingreso al edificio municipal a las 02h00, cercando la ciudad con uniformados.

PUNTO DE VISTA JURÍDICO

Los actos y hechos ocurridos en torno a la crisis política del Municipio del cantón Santa Isabel, han generado enorme preocupación y expectativa no solo a nivel de esa jurisdicción sino de la región y el país, Jorge Moreno Yánez, abogado y catedrático de la Universidad de Cuenca, hace un análisis en apego al Derecho.

El acto que se cometió en Santa Isabel por parte de un grupo de concejales es bastante grave y delicado. Todo tiene su razón de ser en una petición que hace una concejala pidiendo información, la misma que se presume no fue entregada por el alcalde titular, lo que generó que vaya ante la jueza quien ordena se entregue lo solicitado pero tampoco hubo respuesta. Esto genera una acción de incumplimiento, y el organismo competente era la Corte Constitucional.

Más resulta que la jueza ha dispuesto que el Consejo Cantonal sesione y analice la conducta del señor Quezada, la señora Guartán dispone de inmediato la convocatoria y en esa sesión proceden a destituirlo, ese acto del señor alcalde no es un acto administrativo, es un acto de gobierno, porque en el fondo lo que se está decidiendo es la permanencia o no en el cargo, de una autoridad electa por votación popular.

Existió una violación flagrante al debido proceso, primero el Concejo Cantonal no era el organismo competente para conocer de esa situación; dos porque tampoco se le dio al alcalde el legítimo derecho a la defensa; y tres, porque la decisión que se adopta es con 5 votos, todo esto genera vulneración a los derechos fundamentales de la persona, es decir del señor Quezada; la Constitución prevé la garantía de Derechos de Protección.

Era pertinente entonces el plantear la acción de protección, lamentablemente esta fue negada alegando de que no se ha requerido a todos los integrantes del Concejo Cantonal.

Esto conlleva otras anomalías más graves, la jueza de Santa Isabel, “sin competencia, procede a ejecutar acciones a petición de parte, reitero, el órgano competente era la Corte Constitucional, pero lo han hecho; y a través de mecanismos de fuerza en este momento se ha permitido que la señora Miriam Guartán esté ejerciendo la alcaldía sin tener esa calidad ni categoría. El acto cometido es del todo no solamente ilegal sino ilegítimo, arbitrario e inconstitucional, se han violentado no solo los derechos del alcalde Quezada sino también de los electores.

“Una falta de competencia como en el caso en análisis, conlleva la nulidad absoluta de todo, el acto ni siquiera existe, es un acto de tal grosería y de tal gravedad que ni siquiera podría contarse. A la brevedad posible, la Función Judicial debe enmendar estos procedimientos y disponer que se restituyan las cosas a su estado anterior, que el señor Quezada regrese a ejercer la función de alcalde”.

Hay causas específicas para el procedimiento de remoción, y adicionalmente se debe permitir el legítimo derecho a la defensa, sólo luego de ello inclusive con un informe de la comisión de mesa, podría pasar a sesión presidida por el vicealcalde, tomarse la resolución respectiva, incluso el imputado puede pedir que se le reciba en audiencia y después de aquello con las dos terceras partes de los votos de los miembros del Concejo Cantonal, podría ser removido, es un mi análisis sin apasionamientos para ninguna de las partes.

Yo que conozca, ningún juez del Azuay se ha pronunciado destituyendo al alcalde Rodrigo Quezada y si por allí implícitamente lo han hecho, eso es arrogarse funciones. Ahora hay una apelación de recurso de protección, creo que la Corte de Justicia debería acogerla, y si no es así, tendrán que interponer una acción extraordinaria de protección.

Todo esto podría generar una la resistencia civil, el ejercicio de este gobierno cantonal tiene rechazo popular y los ciudadanos podrían negarse a pagar sus impuestos y cumplir sus obligaciones, por los actos de fuerza que se han generado.