El prefecto del Azuay, Paúl Carrasco Carpio, uno de los políticos opositores al Gobierno Nacional, plantea sus particulares visiones y de otras autoridades de elección popular, frente al accionar político y económico del Ejecutivo. Estas visiones se refieren, según sus propias palabras a: “la profundización del centralismo y la conformación de unidades ejecutoras a través de los ministerios; la inequidad y la ineficiencia en la distribución de los recursos; y, la persecución política a alcaldes, prefectos y a 290 dirigentes de organizaciones sociales a nivel nacional”.

¿Cómo está la distribución del presupuesto de la Prefectura para este año?

El Ministro de Finanzas y la ministra Betty Tola indicaron que han subido los recursos desde que ingresaron y que las transferencias aumentaron más allá del 600 por ciento y que obviamente son mayores al 2006, un año antes que ellos lleguen. Nosotros decimos que es cierto el incremento de las transferencias, pero eso es una verdad a medias.

El incremento de las transferencias por Ley no es un logro de este Gobierno, porque esto es un logro de los Municipios y de los Gobiernos Provinciales. Después de cinco años de la Revolución Ciudadana, el porcentaje de las transferencias no ha variado con respecto al Presupuesto General del Estado, es decir, en el 2006, antes del actual Gobierno, nuestras transferencias eran de 11.504.000 dólares, igual al 0.12 por ciento del presupuesto nacional, para este año, el Presidente (Rafael Correa), dice que han aumentado a 26.940.000 dólares y que por lo tanto hay un crecimiento del 134 por ciento, esto es correcto, pero el Presupuesto General del Estado (PGE) también creció y en la misma perspectiva, el presupuesto para el Azuay es igual al 0.13 por ciento, es decir, no hay una variación porcentual sustancial, sigue siendo el mismo.

¿Qué significan estas cifras?

El presupuesto ejecutado del Gobierno Provincial del Azuay, en el 2006 significaba con respecto al PGE el 0.19 por ciento. El día de hoy, al año 2011 que terminamos, significa el 0.19 por ciento; es decir, absolutamente lo mismo. En cinco años de la Revolución Ciudadana no hay realmente un cambio estructural, eso es lo que estoy demostrando, ya que el porcentaje de las transferencias y el presupuesto ejecutado se mantienen exactamente iguales comparados con el PGE del 2006 y del 2012.

Ahora, de dónde vienen los recursos para los Gobiernos Autónomos Descentralizados: el 21 por ciento de los ingresos permanentes, que básicamente son de los ingresos tributarios; y el 10 por ciento de los ingresos no permanentes, que son fundamentalmente de los ingresos petroleros. Según el Director Nacional del SRI y el Ministro de Finanzas, en el 2011 se recaudó 1.100.000.000 de dólares adicionales por cobros de impuestos, pero a los gobiernos autómomos no nos reconocen esos ingresos, porque por Ley nos deberían dar el 2 1 por ciento de esa cifra, que implicaría alrededor de 231 millones de dólares. De la misma manera, debería ocurrir con los ingresos petroleros, que estimamos estarían por los 2.000.000.000 de dólares y de eso nos correspondería también el 10 por ciento para los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

Usted asegura que esto es parte de la falta de descentralización del Estado. ¿Por qué?

Hay otras cosas que nosotros vemos como graves en el tema de descentralización. Tenemos el tema de las transferencias, de las reliquidaciones, no somos parte de la bonanza económica del Estado, por ejemplo: el petróleo al empezar el 2011 tenía el precio aproximado a 75 dólares el barril y terminó el 2012 a un promedio de 100 dólares; y a nosotros, la diferencia de 25 dólares no nos reconocen: eso es el centralismo. Pero además, no hay costo real de las competencias, ya que la única competencia que se ha costeado es la de riego, no se ha costeado la de vialidad, de productividad, de gestión ambiental. El año anterior para riego nos ofrecieron 1.200.000 dólares, pero nos dieron solo 309.000 dólares. Es decir, no existe una valoración de competencias y en definitiva, toda la bonanza del Estado sirve para que ellos ejecuten las competencias de los gobiernos provinciales y municipales. Allí está el tema vial, donde se nos obliga a los gobiernos locales a firmar el traslado de las competencias para hacer ellos las obras, como la construcción del Intercambiador de Tránsito, que no lo ejecuta el Municipio de Cuenca, sino el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en forma directa.

¿Cuál es la consencuencia de esto?

Lo que están haciendo con esto es eliminar el poder de gestión de los alcaldes, de los prefectos, desprestigiando su gestión, porque así resulta, ya que nuestra capacidad de respuesta política y económica sobrepasa la demanda del territorio; y, al final, el Presidente está asumiendo los roles del prefecto, del alcalde y de los presidentes de las juntas parroquiales. (JAE)