Ayer en la zona de Icto Cruz, parroquia Turi, el juez Edmundo Guillén efectuó una inspección de la “casa de hacienda” que se deteriora y moradores no quieren que sea derrocada. ACR

Un nuevo conflicto enfrenta la construcción del Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Sur, en la zona de Icto Cruz, parroquia Turi. Un grupo de moradores presentó una demanda en contra del alcalde Paúl Granda y otras autoridades municipales, exigiendo que no sea derrocada una casa de hacienda patrimonial situada en la referida zona y se respeten vestigios arqueológicos.

Temen que con la ejecución del Centro se afecten estos dos espacios; la casa actualmente está desocupada y en proceso de deterioro y los supuestos vestigios están bajo hierba y en un área de difícil tránsito peatonal, se constató ayer durante la inspección que efectuó el juez Edmundo Guillén, quien cumplió con la medida cautelar.
El juez puntualizó que nombrará un perito para que analice la situación, no precisó tiempos para emitir un pronunciamiento. El concejal que lidera la comisión de seguridad, Wilson Muñoz, está consternado. No sale del asombro de que un grupo de 20 personas postergue la edificación.

Además, recuerda que hace un año ya se formó una Comisión que analizó los vestigios y más espacios y determinó que “no se afectaba en nada”.

El edil teme que exista gente con ciertos intereses económicos que esté detrás de que se caiga este proyecto. También cuestiona al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) y exhorta al alcalde a quien -a su criterio- le falta decisión política. Le exige que convoque a una sesión extraordinaria con la presencia de la Ministra de Justicia, le entregue los estudios que ya están listos (que ejecutó la fundación municipal El Barranco) y le pregunte cuándo inicia la obra.
El centro costaría aproximadamente unos 45 millones de dólares, los financiará el gobierno. Los primeros 10 millones 418 mil dólares incluso ya fueron colocados en el Presupuesto General del Estado 2012, en el rubro Plan Anual de Inversiones.

Luis Criollo, morador de Turi, dice que la resolución del INPC nacional -que advierte que se debe precautelar, conservar y proteger un área de 3.5 hectáreas y dos caminos de 50 metros- es la base jurídica de su reclamo.

Sin embargo, el competente para emitir una declaratoria es el Concejo Cantonal, según el artículo 2 de la Ordenanza de Gestión y Conservación de Áreas Históricas y Patrimoniales del cantón Cuenca.

Ante el anuncio del juez de nombrar un perito, Javier Cordero, síndico municipal, recuerda que el Municipio ya lo hizo, y el INPC también “realmente es una medida que en el fondo persigue que no se lleve adelante la construcción del Centro”, dice. Opina que la casa motivo del actual dilema no debe ser preservada ni cuidada porque no tiene características patrimoniales, aunque reconoce que está registrada dentro del INCP, pero “existe una ficha, nada más”. (ACR)

Las fechas

El alcalde Paúl Granda ante la interrogante ¿cuándo iniciará la construcción del centro de rehabilitación? no precisa fechas, dice “lo más pronto”. También es ambiguo al referirse a los estudios “estamos ya entregándolos”. Lo cierto es que el Municipio aún no los envía al gobierno, que es el que los financió con cerca de un millón de dólares. No obstante, ya están listos.

“Esperamos que este año podamos empezar la construcción. No solo cuestan 20 millones de dólares, sino implica una inversión adicional en temas vialidad, alcantarillado…que podría sumar un 50% del costo total de la obra, pero estamos negociando”, expresa.

Según el proyecto municipal, el centro aportará con beneficios no solo a la población carcelaria, sino a la comunidad con: agua potable y alcantarillado para 249 hectáreas, ampliación de energía eléctrica para la zona de influencia, seis kilómetros de vías de acceso…