
Vicente Ordóñez (D), presidente de la Unión Nacinal de Periodistas (UNP), presentó la demanda de inconstitucionalidad del Código de la Democracia. Lo recibió Edgar Zárate (C), vicepresidente de la CC.
QUITO.- Ayer entraron en vigencia las reformas al Código de la Democracia que dispone restricciones a los medios de comunicación, pero enfrentan demandas de inconstitucionalidad de sectores políticos y periodísticos.
El director del Registro Oficial (RO), Hugo del Pozo, informó que las reformas, que entraron en vigencia por imperio de la ley, fueron publicadas en el Segundo Suplemento del Registro Oficial 634 por disposición del Presidente de la República.
El penúltimo inciso del artículo 203 de dichas reformas determina que en campaña electoral “los medios de comunicación social se abstendrán de hacer promoción directa o indirecta, ya sea a través de reportajes, especiales o cualquier otra forma de mensaje, que tienda a incidir a favor o en contra de determinado candidato, postulado, opiniones, preferencias electorales o tesis política”.
Demandas
Alrededor de cinco organizaciones políticas: PRIAN, PRE, MPD, Pachakutik, Alianza Libertad; y dos relacionadas con los gremios periodísticos; la UNP y Fundamedios, anunciaron que presentarán demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional.
La UNP planteó la inconstitucionalidad del artículo 203, porque vulnera la libertad de información al limitar el trabajo de los medios de comunicación durante la campaña electoral.
Según el argumento de Santiago Guarderas, el veto presidencial introdujo en el caso del texto alternativo que presentó Rafael Correa al artículo 21 del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código de la Democracia, que reforma el artículo 203, materias no contempladas en el proyecto.
Vicente Ordoñez, presidente del gremio recordó que está segunda demanda se debe a que la jueza Segunda de Garantías Penales de Pichincha, Ángela Sarmiento, negó las medidas cautelares presentadas. “Es la gran oportunidad que tienen los jueces para demostrar su independencia”, acotó.
Otra demanda fue presentada por los asambleístas de Alianza Libertad: Rafael Dávila, Marco Murillo, Paco Moncayo y Edwin Vaca, quienes cuestionan que se pretenda restringir la libertad de expresión y de información en las próximas elecciones.
Además criticaron el cambio del método de la asignación de escaños, por que el método D’Hondt se beneficiarán a las mayorías y resta espacio a las minorías.
Viteri propone proyecto de Ley Interpretativa
El asambleísta Leonardo Viteri (PSC) presentó un proyecto de Ley Interpretativa al penúltimo inciso del artículo 203 del Código de la Democracia, reformado por el artículo 21 del mismo Código.
Sostiene que la iniciativa busca despejar las dudas respecto de la libertad de los medios de comunicación para realizar entrevistas y reportajes a los candidatos en época de campaña electoral.
Argumentó que la Asamblea Nacional tiene facultad privativa de interpretar la ley, una vez que entró en vigencia la Ley Reformatoria al Código de la Democracia, por tanto, la pretensión del Consejo Nacional Electoral de hacerlo mediante un reglamento, no es legal.
Viteri subrayó que sin perjuicio de las demandas de inconstitucionalidad, la Asamblea es donde deben solucionarse estos inconvenientes.
Sin embargo, otros legisladores recordaron que para aprobar una Ley Interpretativa le podría tomar más de tres meses.
La cuestiona normativa no especifica las sanciones por la violación del mandato, pero la Corte Electoral está facultada para multar a medios que interfieran en los comicios.
Un reglamento para aclarar ese y otros aspectos debe ser expedido por el Consejo Electoral.