LIMA, (AFP) – El gobierno peruano lanzó una ofensiva militar para capturar al ‘camarada Artemio’, líder de un remanente de la guerrilla de Sendero Luminoso, informó el viernes el ministro de Defensa Alberto Otárola, que no descartó que el dirigente subversivo resultara herido el jueves tras un enfrentamiento con fuerzas policiales, como viene especulando la prensa.

“No se descarta que Florindo Flores, conocido como ‘Artemio’, haya sido herido de necesidad mortal. Digo que no se descarta porque el operativo (para capturarlo) continúa”, señaló el ministro en un pronunciamiento oficial ante la prensa.

“Ese es el resultado parcial del operativo” iniciado el jueves en la zona de Puerto Pizana, en la selva del Alto Huallaga, sudeste de Perú, añadió.

Otárola acotó que las autoridades están trabajando para confirmar si Artemio, de 47 años, está herido.

El ministro de Defensa indicó que fuerzas especiales de la policía y del ejército continúan este viernes tras los pasos de ‘Artemio’, pero se excusó de dar mayores detalles por motivos de seguridad.

El alto funcionario anunció que viajaría a la zona durante la jornada, en una muestra de voluntad política del gobierno para acabar con esa ala remanente de Sendero Luminoso.

El camarada ‘Artemio’ es, según los analistas, el último integrante en libertad del Comité Histórico de Sendero Luminoso, por quien el gobierno peruano ofrece una recompensa de un millón de soles (350.000 dólares) y el gobierno estadounidense 5 millones de dólares.

El guerrillero declaró en diciembre pasado que la guerrilla que lidera está derrotada y no va a volver a atacar, en una entrevista a IDL-Reporteros, una publicación peruana en internet.

Sendero Luminoso fue desarticulado a mediados de los 90, y sus principales líderes purgan cadena perpetua tras un conflicto interno que dejó unos 70.000 muertos, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

Actualmente, SL tiene remanentes en las dos principales zonas cocaleras del país, el Alto Huallaga y el Valle de los Ríos Apurímac y Ene, con un total de unos 300 hombres, según analistas. El gobierno acusa a SL de colaborar en la vigilancia de los cultivos ilícitos de coca.