En los viejos tiempos del trueque la valoración de los objetos tenía una dosis de subjetividad entre los que establecían las equivalencias del costo. La moneda, como referente de cambio, superó esta incertidumbre al establecer un parámetro válido para cualquier intercambio. El uso de la moneda tiene mucho que ver con los bienes materiales y también con la prestación de servicios ya que establece un claro cálculo para el costo de objetos y de servicios que se prestan sea los obreros, los profesionales de alto rango o el transporte de personas y bienes. Siempre ha sido la cantidad de moneda un factor demasiado atractivo para acumularlo y a la vez motivo de situaciones repudiables en cuanto ha desviado la conducta de personas e instituciones.

Hay valores propios de la condición humana que no pueden ser monetarizados. ¿Cuál es el costo de la bondad o maldad de las personas? Ni los más avezados banqueros se atreven a establecerlo, al igual que de la inteligencia, la solidaridad. El reconocimiento a la entrega de Teresa de Calcuta ha sido universal, pero absurdo sería que alguien avalúe esta vida y estas obras en cantidades de dólares o euros. Varias de las manifestaciones de la conducta humana escapan a esta forma de medida ya que no son negociables. El bien y el mal existen como resultado de la libertad que tenemos los seres humanos y se manifiestan en formas de conducta, pudiendo darse efectos económicos, pero en ningún caso es posible establecer un costo.

¿Puede el honor de las personas cuantificarse con monedas? Creemos que no. Pueden algunas personas atentar contra el honor de los otros y hay normas jurídicas para sancionar a los que así proceden, pero la cuantificación de la real o supuesta ofensa escapa al sentido de las funciones de la moneda. Cuando se dan situaciones de este tipo, el real o supuesto ofendido es el que establece el precio, lo que supone hacer un avalúo de su honor agredido. En estas condiciones el costo como reclamo por la ofensa depende de cada persona y, al no existir referentes, quienquiera puede poner el que quiera partiendo en un sistema democrático de la igualdad sin excepciones de todos los ciudadanos ante la ley. ¿Deben estas evaluaciones estar a discreción de los jueces? Lo dudamos.