Ratificada eliminación de central de riesgos y condonación de deudas de banca cerrada

Publicado el 2012/11/22 por AGN



En la sesión 204 del Pleno, con 54 votos, los legisladores se allanaron a la objeción parcial proyecto de Ley Orgánica derogatoria a la Ley de Información Crediticia y Reformatoria a la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, a la Ley Orgánica de la Economía Popular r Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario y a la Ley de Compañías, que crea el Registro de Datos Crediticios, con la finalidad de prestar el servicio de referencias crediticias, basado en el análisis del historial de cumplimiento de las obligaciones de carácter crediticio de las personas.

Este registro permitirá contar con información individualizada de las personas naturales y jurídicas respecto de sus operaciones crediticias que se hayan contratado con las instituciones del sistema financiero público y privado, incluyendo los casos en que éstas actúen en su nombre o por cuenta de una institución bancaria o financiera del exterior, así como de aquellas realizadas con las instituciones del sector financiero popular y solidario, del sector comercial y de otras instituciones en las que se registren obligaciones de pago, las mismas que serán determinadas por resolución de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos.

Los servicios de referencias crediticias podrán ser prestados por la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, para lo cual se implementará una metodología y un modelo de riesgo crediticio que serán autorizados conjuntamente por la Superintendencias de Bancos y Seguros; de Economía Popular y Solidaria y de Compañías. El modelo y la metodología utilizados no podrán considerar para sus cálculos más de 6 años de la historia crediticia.

La normativa establece que los reportes de información crediticia que se generen requeridos o autorizados por los usuarios de la información crediticia, harán referencia únicamente las operaciones vigentes, vencidas o canceladas de los tres años anteriores a la fecha en que tales reportes se emitan y solamente podrán aportar obligaciones contraídas directamente por el titular de la información crediticia en calidad de deudor principal y saldos vigentes de aquellas en las que éste hubiere otorgado garantía a favor de otra u otras personas naturales y jurídicas.

Los reportes de información crediticia en ningún caso podrán incluir información referente a terceras personas que hubieren otorgado una garantía a favor de la persona sobre la cual se realiza el reporte. Estos reportes serán informativos y no vinculantes para ninguna institución pública o privada.

La Dirección de Datos Públicos será la entidad encargada de administrar la base de datos de soporte del Registro Crediticio, la misma que contendrá la información crediticia de los últimos 6 años.

Los datos de información crediticia entregada a la Dirección Nacional del Registro de Datos Públicos por las Instituciones del Sector Financiero Popular y Solidario podrán ser auditados en cualquier momento por esta entidad de control, para comprobar su existencia, veracidad y autenticidad.

La institución financiera que proporcione deliberada y dolosamente información falsa o maliciosa o contraria a la presente ley será sancionada por el Superintendente de Bancos con una multa de 50 remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general, sin prejuicio de las correspondientes responsabilidades administrativas, civiles o penales a que hubiere lugar y si lo hace por error o culpa será sancionada por el Superintendente de Bancos con una multa de 20 remuneraciones básicas unificadas, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que hubiere lugar.

Dentro del plazo de 60 días contados a partir de la publicación de la presente ley, las instituciones del sistema financiero público y privado entregarán a la Dirección Nacional de Datos Públicos la información de cada una de las operaciones crediticias activas de los últimos 3 años, que se encuentran en la Central de Riesgos.

Así mismo, en el plazo de 30 días la Superintendencia de Bancos y Seguros deberá transferir la información de los últimos seis años que mantiene la actual Central de Riesgos a la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, con la finalidad de que se inicie el proceso de creación del Registro de Datos Crediticios.

El reporte que las entidades financieras remitan a la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, se lo hará únicamente sobre obligaciones incumplidas en cada período, es decir, no se podrá realizar una duplicación de reporte de incumplimiento, de un período sobre el cual ya se reportó. En el plazo de 90 días, las compañías entregarán a la Dirección Nacional de Datos Públicos la información de cada una de las operaciones crediticias activas de los últimos tres años. El Directorio de Banco Central del Ecuador podrá determinar, mediante regulación y por segmentos, todos los casos en los que los pagos se imputen primeramente al capital.

Las compañías reguladas por la Superintendencia de Compañías que realicen ventas a crédito, están obligadas a suministrar al Registro Crediticio del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos la información necesaria para mantenerlo actualizado.