Sentencia desecha pedido de jubilados de Universidad

Publicado el 2013/08/08 por JBS



Luego de cuatro años llegó la sentencia de la demanda que hicieran ocho jubilados de la Universidad de Cuenca, en contra de la institución, en reclamo de ajuste de valores por su jubilación. La Corte Nacional no dio paso a su pedido, sino a la Universidad. Fabián Carrasco, rector de la Universidad, comentó que hace un mes recibieron la primera sentencia de un extrabajador, “dando la razón a la Universidad, indicando que los valores que pagó están bien”; Hace 10 días llegó otra sentencia indicando que no procede la demanda impuesta por un grupo de siete profesores, quienes pedían se cancele los haberes de acuerdo al Mandato Constituyente número dos, artículo ocho, del 2008. El dictamen de la Corte Nacional de Justicia es de última instancia.

Antecedente La Universidad de Cuenca años atrás interpretó el Mandato Constituyente número dos que especifica que se pagará hasta siete salarios básicos unificados por año y hasta un máximo de 210. “Al decir “hasta” no es un monto fijo, la Universidad pagó valores menores, no los máximos; los compañeros jubilados entendían que hay que pagar el tope máximo…”, acotó Carrasco. La Universidad también se apegó a un reglamento interno de remuneraciones, con la cancelación de seis remuneraciones; y con un reglamento de la entonces Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector Público (Senres). A partir del 2010, con la expedición de la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) y la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), se ha cancelado los valores que dictan en la ley. En el 2012 se canceló a 110 jubilados, por un monto de unos 5.200.000 dólares. Lo que adeudaría actualmente la Universidad son las bonificaciones por jubilación a 105 personas que se han acogido a la jubilación durante el 2013. Hasta el momento se estima que 80 de ellas ya se han retirado. Para cumplir con los pagos requieren 4.500.000 dólares. Presentaron al Gobierno Nacional un plan de jubilación, con el cual esperan se entregue una ayuda económica parcial de unos 2.000.000; lo restante serán con fondos de la universidad. Adicionalmente analizarán el pago de la jubilación complementaria. Aún quedan unos 15 procesos judiciales que deben resolverse y que se están tramitado en la misma Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, que emitió la sentencia de los otros dos procesos. Juan Antonio Neira, vocal secretario de la Asociación de Jubilados de la Universidad de Cuenca, recordó que la sentencia que salió fue del primer grupo que reclamó. Uno de ellos ya falleció. Manifestó que si iniciaron con estos procesos jurídicos-administrativos se debió a que la Universidad incumplió con las disposiciones del Mandato. Se pregunta: ¿qué gestiones haría esta ilustre Universidad de Cuenca para que le resulte favorable de la Sala…?, y se responde: “gestiones jurídicas, seguro que no; gestiones políticas, seguramente que sí”. Los jubilados de las universidades y escuelas politécnicas reciben dos pensiones jubilares: del Seguro Social y Fondo Provida. Refutó que el Rector diga que reciben cuatro pensiones. Para Neira la resolución de última instancia desecha las reclamaciones de los servidores que lo hacían con “Derecho Constitucional e incuestionable del Mandato”. Lamentó esta decisión, “está terminado el proceso jurídico. Los servidores universitarios tienen que callarse. Lo que nos queda es un manifiesto público”. (AVA)

DETALLES No habido conversaciones recientes entre las autoridades de la Universidad de Cuenca y la Asociación de Jubilados que agrupa a 190 servidores. Lo que sí ha llegado peticiones al Consejo Universitario; otro proceso fue una intermediación en la Defensoría del Pueblo.

La Universidad ha tenido los últimos años una jubilación masiva de docentes, por la bonificación y jubilación complementaria que pueden acceder hasta diciembre del 2014. A su vez a la institución ingresarán de 150 a 200 profesores.

Del 2008 a octubre del 2010 la Universidad reconoció el valor que establecía la tabla de la SENRES. Pagó diferentes montos que iban desde 8.000 a 25.000 dólares, en diferentes rangos.


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