La ministra española de Exteriores, Arancha González Laya, aseguró que España y Argelia deben comenzar una negociación sobre la delimitación de aguas territoriales, ya que ambos países tienen pretensiones no coincidentes.
González respondió así en una rueda de prensa sobre la intención de Argelia de declarar aguas territoriales y ampliar su zona económica exclusiva hasta invadir parte de las aguas del archipiélago español de las Islas Baleares (Mediterráneo).
La zona económica exclusiva es un espacio marítimo de hasta 200 millas náuticas (370 kilómetros) desde el límite de las aguas interiores de un país ribereño, y cualquier modificación que afecte a un país vecino debe hacerse de forma negociada.
Según González Laya, hace ya dos años Argelia expresó su voluntad de delimitar sus fronteras marítimas incluyendo aguas de la isla española de Cabrera y además «presentó ya su visión de cómo debería delimitarse esas aguas».
España mantiene un contencioso similar con Marruecos, que ha votado varias leyes que determinan su frontera marítima hasta incluir aguas de las Islas Canarias (Atlántico).
Según la ministra, «a diferencia de Marruecos, donde sólo hay, de momento, una expresión de interés de delimitar las aguas marítimas», en Argelia «hace ya dos años, además de expresar su voluntad, presentó ya su visión de cómo debería delimitarse esas aguas».
En aquel momento España respondió a Argelia que no estaba de acuerdo con esas pretensiones, explicó González Laya, quien recordó que a partir de ahora «lo que dice la convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar es que las dos partes deben negociar, negociación que todavía no ha comenzado».
González Laya respondió hoy mismo a una pregunta parlamentaria sobre la delimitación de aguas con Marruecos garantizando que España no aceptará una política de «hechos consumados» y que emprenderá las acciones internacionales que crea oportunas si ese país actuar unilateralmente.
España estudiará «meticulosamente» el contenido de la normativa marroquí, que aún se encuentra en tramitación parlamentaria y que debe remitirse a Naciones Unidas, al tiempo que se reserva el derecho a adoptar las medidas que considere oportunas si ve que afecta a los intereses españoles, detalló la ministra. EFE
