El Gobierno se predispone a rever decisiones sobre Hidropaute y Celec

Las decisiones anunciadas sobre Hidropaute y Celec se pueden “rever”, afirmó Luis Camilo Vintimilla, viceministro de Electricidad, durante su comparecencia ante la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional este miércoles 22 de abril de 2020.

Vintimilla acudió para explicar los beneficios que se incluirán respecto a este ámbito en la Ley Humanitaria para afrontar la crisis derivada del Covid-19.

En primer lugar el Viceministro aceptó que el cambio de nombre de Hidropaute por el de Celec Sur “ha herido la susceptibilidad” de los azuayos y en ese sentido puntualizó que se analiza la posibilidad de retroceder en esa decisión.

En cuanto al cambio de sede de la Celec, otra decisión particularmente criticada en la opinión pública azuaya, Vintimilla afirmó que tampoco es un tema totalmente resuelto y que los criterios que se oponen a aquello serán tomados en cuenta.

Respecto a la desvinculación del personal de la Celec, el funcionario refirió que se están buscando opciones para minimizar el impacto que este tema causaría, aunque reparó en que este proceso forma parte de la optimización de la gestión ya planificada, y que “lamentablemente coincidió” con la crisis económica que afronta el país.

Aunque la convocatoria de las autoridades del sector eléctrico a la Asamblea tenía que ver con otro tema, el asambleísta Esteban Albornoz puso sobre la mesa los cambios que el Gobierno ha planteado en Hidropaute y Celec, a los que el legislador calificó de “centralistas” y una “burla para Cuenca y el Austro”.

Según argumentó Albornoz, que fue apoyado por los legisladores del Azuay que integran la Comisión Juan Cristóbal Lloret y Doris Soliz y por legisladores de otras bancadas, durante 10 años la empresa ha demostrado eficiencia, y pidió a las autoridades sincerarse con la provincia.

El asambleísta señaló que actualmente la operatividad de la matriz de Celec en Cuenca “es una ilusión”, dado que los asesores, directores y jefes ya no trabajan en la ciudad pues han sido transferidos a Quito. “Solo queda un grupo de trabajadores que no tienen poder de decisión”, precisó Albornoz.