El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) realizó una investigación sobre la compra de bolsas especializadas para embalaje de cadáveres realizada por el Hospital General Guasmo Sur de Guayaquil y determinó indicios de responsabilidad penal por presunto delito de peculado en tres contrataciones con posibles sobreprecios.
El CPCCS señala que el Hospital Guasmo Sur realizó tres contratos en diferentes fechas (el 18 de marzo, el 2 y el 8 de abril) y distintos proveedores. La suma total de bolsas adquiridas por dicha institución fue de 864.
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Durante la investigación y para determinar el supuesto sobreprecio se tomó como referencia una compra realizada por el Hospital Teófilo Dávila de Machala, quienes adquirieron el mismo tipo de bolsas, con un valor unitario de USD 22,30. En comparación con el hospital del Guasmo Sur que ejecutó la primera compra en USD 145,26; la segunda compra la adquirió en USD 131,20; y la tercera en USD 140 como valores unitarios.
Esta comparación indica que dos hospitales del Ministerio de Salud compraron un mismo producto en el marco de la emergencia sanitaria con una diferencia de costos que representaría sobreprecios del 551 % en el primer contrato, 486 % en el segundo y 527, 8 % en el tercero.
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El resultado de la investigación del CPCCS concluye con la presunción de indicios de responsabilidad penal, por el cometimiento del delito de peculado, tipificado en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal, por abuso de recursos públicos en las contrataciones para la adquisición de bolsas para embalaje de cadáver, adulto, tipo 1; señalando, además, que no se realizó un análisis transparente de las ofertas y un estudio de mercado como parte del proceso de adquisición, por lo que también se presume actos de favorecimiento relacionados con acuerdos colusorios entre las partes.
Así también indica que no se publicó en el Sistema Oficial de Contratación del Estado (SOCE) la documentación relevante del proceso de contratación.
El Pleno del CPCCS Sesión Reservada procedió con la presentación de la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, la Contraloría General del Estado, la Presidencia de la República y el Ministerio de Salud, para que se tomen las medidas correspondientes. (I) (CCL)
