OPINIÓN|
Es la más grave ola de destrucción institucional que sufre nuestra sociedad. No es posible que sea una realidad lo que algunos dicen: “La Fiscal persigue a los corruptos pero unos jueces persiguen a la Fiscal” tremendo concepto que provoca una situación de impacto, porque mientras la Fiscalía responde a la necesidad depuradora de la corrupción en los niveles de gestión administrativa de una provincia, pidiendo que la prisión preventiva se aplique al implicado en varios actos indebidos, el juez de la materia, asume en su capacidad decisoria, que no existen causales para tal medida y la cambia por otras cautelares, tales como llevar grillete, que no están disponibles, la disposición de presentarse al juzgado cada cierto tiempo y la prohibición de salir del país.
Es facultad del juez tomar las decisiones que considere, pero siempre ajustándose a la Ley y a la realidad procesal. En el sistema vigente la Fiscalía debe presentar las pruebas de rigor, la contraparte procesal descargar tales elementos y el juez resolver. El derecho al debido proceso garantiza la objetividad y justicia de la decisión.
He oído a la Fiscal alegar por la decisión tomada, y realmente impresiona su calidad expositiva, la entereza de su actuación y la coherencia de sus argumentos. Pienso que es una garantía su presencia en la Fiscalía General del Estado. Por esta actuación y todas las anteriores merece el respaldo de la comunidad nacional. Depurar al Estado, al gobierno y a la sociedad de la delincuencia organizada es un deber de consciencia de todos los ciudadanos que pretendemos un nuevo orden basado en la Justicia y por tanto en la moral pública, Los tiempos de la impunidad deben terminar definitivamente, por eso la celeridad y la transparencia son imprescindibles. Queremos que la cirugía mayor sea una realidad. (O)
