Redacción El Mercurio Web
Finalmente el Gobierno ecuatoriano confirmó en un comunicado que la reestructuración de la deuda anunciada el pasado 7 de julio como «una exitosa operación cerrada» en realidad sigue en plena negociación. Y lo hizo con la presentación de una carta formal o solicitud de consentimiento (o invitación de intercambio de los bonos) a través de las bolsas de valores, lo que representa un documento jurídico vinculante. Ahora toca que los bonistas acepten o rechacen la oferta.
Hasta ahora todo lo que se había anunciado correspondía a conversaciones informales, de manera que se espera que una vez enviada esta carta de la República del Ecuador a sus acreedores exista una respuesta final para final de mes. De hecho el documento es preciso en un párrafo relativo al los tiempos: «La invitación caducará a las 5:00 p.m. (Hora de Europa Central) el 31 de julio de 2020».
Lo más controversial de la nueva oferta es un párrafo en que el propio Gobierno ecuatoriano advierte que la invitación está sujeta a algunas «condiciones irrenunciables». Entre ellas la primera condición es «el anuncio de un acuerdo a nivel de personal (Staff) sobre un programa con el FMI en la Fecha de Liquidación (la «Condición del FMI»).
De momento poco o nada se sabe de este acuerdo con el FMI y entretanto desde el Ministerio de Finanzas no se ha recibido respuesta. Y aunque se conoce que algunos tenedores de bonos pusieron el pasado 14 de julio esta condicionante para avanzar, lo único que se puede vislumbrar es que Ecuador intenta satisfacer su apetito firmando una especia de garantía con el FMI, que demandaría condiciones macroeconómicas favorables para que el país pueda cumplir con sus compromisos.
El acuerdo del FMI deberá verse primero a ojos del artículo 419 de la Constitución del Ecuador sobre la ratificación o denuncia de los tratados internacionales. En su inciso número 5 pide denunciar expresamente aquellos que «Comprometan la política económica del Estado establecida en su Plan Nacional de Desarrollo a condiciones de instituciones financieras internacionales o empresas transnacionales».
Es bueno recordar que la asesoría para reestructurar la deuda no la están llevando adelante técnicos ecuatorianos, sino que el Ministerio de Finanzas contrató a la firma Lazard Freres, con matriz en Bermuda, y cuyo contrato aún no se ha hecho público. Este grupo de asesores intenta renegociar la deuda externa comercial ecuatoriana de USD 17 mil millones, de los cuales USD 11.6 mil millones (67 %) fueron tomados durante la gestión de Lenín Moreno.
Este mismo año la firma Lazard Freres fue contratada por el gobierno de Zambia y se les pagó USD 5 millones para gestionarles una deuda externa total de USD 11 mil millones, una deuda al menos dos veces menor que la negocian para el Ecuador.
Además de ofrecer como condición un acuerdo del Ecuador con el FMI, Lazard también hizo nuevos ajustes a su propuesta informal para satisfacer a los acreedores.
Con respecto a todos los bonos elegibles han dispuesto que las modificaciones incluirán la reducción del monto del principal pendiente, así que por cada monto del principal de USD 1,000 originalmente adeudado solo quede pendiente el monto del principal de USU 911.30.
Es oportuno tener en cuenta que el Ecuador ya está en condición de default y sus bonos son marcados como Selective Default. La calificación de riesgo del 14 de abril de Standard & Poor’s lo sentenció así. Por otro lado, la ISDA (Asociación de Derivados Financieros), el pasado 27 de abril, concluyó que el Ecuador entró en default o en credit event, y autorizó que se ejecuten los Credit Default Swaps (CDS).
