OPINIÓN|
A propósito de la construcción de una estación de bomberos en las orillas de la laguna de Ilincocha en el Parque Nacional El Cajas, recordé que en un seminario organizado por el Colegio de Abogados del Azuay sobre “Pueblos, naturaleza, agua y minería” llevado a cabo del 20 al 24 de noviembre del 2017, se reflexionó sobre las “Las alternativas de desarrollo para comunidades de altura”, luego de una conferencia sustentada por Fernando Vega, y entre otras cosas se analizó el rol que podrían cumplir las comunidades de altura en el sofocamiento de incendios forestales.
Por la ubicación y las circunstancias de los incendios forestales, las comunidades de altura no solo que pueden cumplir a tiempo y con efectividad el control de incendios forestales en la medida en que se les dote de la imprescindible infraestructura pertinente, la formación y el adiestramiento en el manejo de las técnicas y destrezas necesarias, sino también pueden cumplir con otros servicios por los cuales el Estado podría reconocerles compensaciones y remuneraciones que vendrían a solventar en parte su supervivencia a la vez que se les transformaría en guardianes de la naturaleza, “en territorio”, como gusta decir hoy.
En efecto en el marco del régimen de desarrollo y del buen vivir de la Constitución, se podrían conformar los servicios de comunidades de altura que se vincularían a la prevención y combate de incendios forestales, guardianía forestal, control de la contaminación ambiental, cuidado de páramos y fuentes de agua, atención y servicios turísticos comunitarios, socorro de víctimas, educación sanitaria y medio ambiental, control de actividades ganaderas y más intervenciones antrópicas que afecten a bosques, páramos, humedales y fuentes hídricas, y proyectos agroecológicos en zonas específicas.
Estos servicios ahorrarían ingentes recursos públicos, daría una salida a la sustentación de las comunidades, contribuiría a la autogestión de su buen vivir y ser comunidades saludables, fomentarían el turismo ecológico en asocio con entidades públicas y privadas dedicadas al turismo y toda la colectividad saldría beneficiada.
Es urgente preparar las ordenanzas respectivas y los GAD, provincial del Azuay y cantonal de Cuenca pudieran ser ejemplo a nivel nacional. (O)
