Ecuador amaneció ayer sin las medidas restrictivas que durante 180 días regularon la movilidad y el derecho a la libertad de reunión, pero con el fin del estado de excepción, también reinó la confusión, pues las medidas que han adoptado los municipios en algunos casos son diferentes entre una y otra ciudad, mientras que en ciertos lugares como Cuenca ni siquiera se establecieron reglas nuevas.
Frente a esto, Juan Zapata, director nacional del Sistema Integrado ECU 911, afirmó que desde finales de agosto cuando se anunció el fin del estado de excepción se solicitó a la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) la elaboración de una matriz unificada de medidas que debían adoptar los Comités de Operaciones de Emergencia (COE) cantonales, entre estas se estableció como prioridad la regulación de la circulación vehicular.
“Les habíamos señalado que no podíamos dividir al país en 221 disposiciones, ahora los ciudadanos transitan libremente por la red vial nacional y no se puede tener problemas al ingreso de cada ciudad, por eso es importante que esto se coordine con una visión nacional, porque la emergencia es nacional. Nosotros habíamos hablado del tema con el director ejecutivo de la AME, que era parte del COE nacional. Entendemos que todo cambio es complicado, pero esto se debería hacer”, dijo Zapata.
La falta de coordinación, según Zapata, llevará a que dos de las ciudades más importantes, Guayaquil y Cuenca, queden en cierta forma incomunicadas con Quito a partir de octubre, pues la circulación de acuerdo con las placas ya no coincidirá debido a un cambio que se realizará en la capital.
“Hemos conversado con el alcalde de Quito (Jorge Yunda), la idea nos parece acertada, pues se ve la necesidad de alternar las placas cada mes, porque las que terminan en par solo tendrían dos días hábiles y no es justo, pero eso debe ser acordado con las otras ciudades, sobre todo con las que más se relacionan y con las poblaciones vecinas, porque de lo contrario habría bloqueos”, explicó Zapata.
Por su parte en AME informaron que se remitió a los municipios seis modelos de ordenanza que se deberían conservar igual a lo que se hacía durante el estado de excepción, es decir mantener la prohibición de los espectáculos públicos, controlar el tránsito y la venta de bebidas alcohólicas, establecer aforos y horarios de atención en los comercios y regular el espacio público. En todo se debe controlar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad.
Pero para Raúl Delgado, presidente de AME, ninguna de estas decisiones son fáciles de cumplir sin que el Gobierno les entregue los USD 1.000 millones que les adeuda a los municipios.
“Para controlar que los mercados cumplan con las medidas de bioseguridad necesitamos personal y en lugar de contratar estamos despidiendo personas, debido a la falta de recursos económicos. Hasta ahora contamos con el apoyo de militares y policías para hacer este trabajo, pero ahora ya no podemos contar con ellos. Además, hemos asumido competencias que no son nuestras, como la alimentación y la salud y nos va a tocar seguir haciéndolo, pero va a ser complicado sostenerse. Somos los que al final hemos atendido a los ciudadanos, con o sin recursos”, puntualizó Delgado.
Regulación a través de acuerdos
Según Juan Zapata, en el Gobierno central están conscientes de que el control no puede quedar solo en manos de las alcaldías. “Ningún municipio en el país tiene la capacidad operativa para responder por sí solo ante esta crisis, por lo que necesita el apoyo de las instituciones del Estado”, dijo.
Para brindar esa asistencia, los ministerios emitirán acuerdos ministeriales que establecerán reglas generales, ayer la cartera de Salud publicó el suyo, en el que decretó la emergencia en el Sistema Nacional de Salud, con lo que principalmente se priorizará el presupuesto y el personal para atender la pandemia, tanto en el sector público como privado.
Además se prohíbe a las empresas de seguros de salud privadas y de medicina prepagada que limiten la cobertura de un paciente contagiado con covid-19.
