EDITORIAL|
El derecho a manifestarse externamente para expresar posiciones o inconformidades, es propio de la democracia, como que es indiscutible que tienen que realizarse pacíficamente, sin causar daños a personas o bienes materiales. Cuando se dan estos eventos, en las ciudades hay alteraciones en el tráfico y tránsito, lo que requiere la presencia de la fuerza pública para garantizar el orden de la ciudadanía en las áreas afectadas. Desde luego, todos los que solicitan autorización manifiestan que lo harán pacíficamente, pero hay casos en los que están acompañados de acciones violentas que degeneran en actos delictivos.
En las manifestaciones de varios días de hace algo más de un año liderada por agrupaciones indígenas, se dieron enfrentamientos violentos y los que comandaron estas manifestaciones han solicitado se enjuicie a policías y ministerio de gobierno por violencia en la represión. Sin negar la posibilidad de estos excesos, las acciones violentas contra el sector público fueron de gran dimensión, como el incendio al edificio de la Contraloría y agresiones físicas a ciudadanos y bienes públicos con el agravante que tuvieron lugar en el centro histórico de Quito que tiene la condición de patrimonio cultural de la humanidad.
Los dirigentes de las manifestaciones dijeron que no fueron ellos sino personas infiltradas, pero es innegable que la situación creada por los manifestantes posibilitó estos delitos, lo que implica alguna responsabilidad ya que los organizadores deben tomar las medidas del caso para evitar estas reales u supuestas infiltraciones. Una degeneración del ejercicio de este derecho consiste en que hay quienes creen que eventos de esta naturaleza conllevan licencia para cometer delitos. Una generalizada tendencia consiste en que los “culpables” de estos actos delictivos son los gobernantes. No cabe olvidar que la ciudadanía debe tener madurez suficiente para ejercitar sus derechos sujetándose a las normas y respetando a la ciudadanía.
