El 7 de febrero, el cantón Cuenca vivirá un momento especial en relación con el ejercicio de la democracia directa, pues será una ocasión única a través de la cual los ciudadanos podrán decidir acerca de cómo se manejarán sus recursos naturales, en especial el agua (renovable) y la minería metálica (no renovables).
Si bien es cierto, la discusión acerca del destino de estos tiene larga data, y se ha discutido desde la protesta social, llegando incluso a los tribunales de justicia; sin embargo, la consulta del 7 de febrero permitirá a los electores, pronunciarse directamente e incidir respecto de que se realice o no, la explotación minera metálica a gran escala en las zonas de recarga hídrica de los ríos Tarqui, Yanuncay, Tomebamba y Machángara; y, río Norcay, a mediana escala.
Dentro del proceso electoral, se inscribieron 8 organizaciones, 5 por la opción del Sí, y los 3 restantes por el No.
En caso de que triunfe la opción del Sí, es importante considerar que, de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional, en su Dictamen No. 6-20-CP, y con base en el principio de seguridad jurídica, sus efectos regirán solo para futuro.
Sin embargo, el reto será la articulación de los resultados y cómo estos se lleven a la práctica. Pues, si bien es cierto, en la Consulta del 7 de febrero, se adjunta un Mapa de coordenadas de las zonas de recarga hídrica, este es solamente referencial, pues tendrá que ser la Autoridad del Agua (ahora el fusionado Ministerio del Ambiente y Agua), el encargado de establecer y delimitar las mencionadas zonas en las que quedará prohibida la explotación minera.
Se presenta así un reto, no solo para los responsables de dicha delimitación, sino además para el gobierno local y su empresa ETAPA EP, pues según el Dictamen Constitucional, estos deberán participar activamente del proceso; y, a futuro el ente municipal deberá incorporar estos cambios en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, así como en el Plan de Uso y Gestión del Suelo. (O)
