El 7 de febrero se juega el futuro democrático del país, así como el futuro de nuestra agua. En serio, debemos repensar nuestro voto. Pensar si queremos un país libre de corrupción en contubernio con el narcotráfico, libre de gobernantes oportunistas carentes de ética y moral para dirigir una nación, o un país liderado desde la sensatez con “capacidad para cambiar” lo que hemos cargado a cuestas los últimos catorce años. Y, por otro lado, pensar si queremos que ese peculiar “sabor” que tiene el agua de Cuenca se conserve libre de materiales contaminantes. No sólo por nosotros, sino por las generaciones venideras.
La población de Cuenca es de 600 mil habitantes. Sus fuentes de agua se originan en los páramos, humedales y lagunas en dos áreas de donde nacen sus ríos, en donde se capta un caudal de 2.555 litros por segundo para potabilizarla. Estas dos áreas son: el parque nacional El Cajas, 28.500 ha, y la Reserva de Biósfera Macizo El Cajas, 535.888 ha. Gracias a la biodiversidad que existe en estas zonas y a los bosques protectores, nuestra agua es una de las mejores del mundo.
En el 2000, el alcalde Cordero ante la desatención del gobierno central, solicita y se hace cargo del Cajas. Cuando Cabrera reemplaza a Cordero como alcalde, minimiza los temas ambientales. En el 2009, Granda reduce la gestión ambiental temiendo enfrentar la política extractivista de Correa. En el 2014, Cabrera retorna y su agenda no incluía al medio ambiente. Sin embargo, existe sensibilidad en funcionarios del área ambiental sobre la amenaza de la minería metálica. Para eso, ETAPA ha adquirido terrenos para garantizar y proteger las zonas de recarga hídrica, y es sobre esos terrenos, que el gobierno central otorga concesiones mineras metálicas.
ETAPA se gobierna por un directorio integrado por representantes del alcalde, del Concejo Cantonal y del sector privado. Una de las concejalas, parte del directorio, promueve que se pronuncie sobre el peligro de las concesiones mineras. El directorio contrata al Ing. Hidráulico Galo Ordóñez el que elabora un informe junto a otros colegas de ETAPA, presentándolo en el 2018, en el cual plantea resoluciones contundentes: entre otras, pide la suspensión definitiva de toda actividad minera.
Debemos repensar nuestro voto. Él definirá la salud de nuestra agua y de nuestro país. (O)
