Por incumplimiento de funciones, ayer se presentó el primer pedido de juicio político en contra de Juan Carlos Zevallos, ministro de Salud. Tras las reformas realizadas a la Ley de la Función Legislativa, el tratamiento de este tema no podrá llevar más de 45 días y de forma obligatoria deberá ser tratado en el pleno, no existe la opción de que sea archivado en el camino.
Él asambleísta Ángel Sinmaleza (SUMA) presentó ayer el pedido de juicio político con 38 firmas de respaldo que provinieron de las bancadas CREO, Alianza PAIS, Partido Social Cristiano, Pachakutik, bloques de independientes y algunos asambleístas de la Revolución Ciudadana, la mayoría de los que integran este último bloque se abstuvieron de firmar porque presentará su propia solicitud.
El legislador confía en que contará con las 90 firmas necesarias para censurar al funcionario, debido a la pluralidad de tendencias políticas de los asambleístas que firmaron el pedido, pero sobre todo porque el pedido de destitución que le hicieron al presidente Lenín Moreno contó con 120 votos a favor.
Las causales de la acusación de Sinmaleza son tres, la primera se centra en la entrega fraudulenta de carnés de discapacidad en momentos de pandemia. Según el propio ministro lo aceptó en su comparecencia a la Comisión de Derecho de la Salud, cerca de 3.000 documentos de este tipo se entregaron cuando la atención en los hospitales se había suspendido debido a la presencia de la covid-19 por lo tanto, se evidenciaba una ilegalidad.
Sin embargo, según señaló el asambleísta, Zevallos nunca remitió a los legisladores el listado de las personas que se beneficiaron de este ilícito, ni de los funcionarios que cometieron la irregularidad, acogiéndose en una supuesta confidencialidad hasta que el hecho sea investigado. Lo cual incurre en incumplimiento al pedido de los legisladores.
La segunda causal en contra del ministro se refiere a la falta de cumplimiento de la Ley de Apoyo Humanitario, según la cual se debía otorgar nombramiento a todos profesionales de la Salud que estuvieron en primera línea durante los primeros meses de la pandemia, pero hasta el momento el Gobierno solo ha entregado este beneficio a 6 mil personas y ha ofrecido llegar a un máximo de 12 mil, pero según las cifras de las organizaciones de médicos, enfermeras y trabajadores, la cantidad asciende a 23 mil.
La tercera causal se refiere a la falta de cumplimiento del cronograma de vacunación, pues Zevallos priorizó a sus familiares y vacunó en centros privados que no estaban dentro de la planificación.
“Esto es una clara falta de notoriedad y probidad sobre el manejo de los recursos públicos, pues desvió las vacunas para entregarlas a sus familiares. No existe justificación para el respaldo del Ejecutivo a un ministro que no ha manejado bien una pandemia, a un ministro que no ha distribuido la vacuna como tiene que ser, que priorizó sus intereses particulares, el presidente debió destituirle ese momento por mal utilizar los bienes públicos en beneficio personal”, puntualizó Sinmaleza.
Investigación
Ayer la Fiscalía General del Estado inició de forma oficial la indagación previa sobre la denuncia por tráfico de influencias en contra de Juan Carlos Zevallos, ministro de Salud, la primera diligencia fue la toma de la versión del funcionario acusado, la cual se extendió por tres horas. Sin embargo, no dio declaraciones a la prensa, pues su ingreso a las instalaciones no fue público y tampoco se conocieron los detalles de la declaración, pues el caso todavía se encuentra en la etapa de reserva.
Por su parte Angélica Porras y Santiago Machuca, quienes pusieron la denuncia, tampoco pudieron dar detalles de los declarado por el ministro, pero puntualizaron que existen argumentos para que el proceso avance a etapa de juicio. (I)
