La Comisión Especial para la Verdad y Justicia (CEVJ) encargada de investigar las protestas ocurridas durante el 3 y el 16 de octubre del 2019 en Ecuador presentó su informe el miércoles 17 de marzo del 2021.
“El informe determina que, efectivamente, se dio un uso excesivo de la fuerza pública y, como resultado, existieron personas que perdieron sus vidas, otras afectadas en su integridad física y sicológica, tratos crueles y degradantes cuando fueron aprehendidas», aseguró Freddy Carrión, titular de la Defensoría del Pueblo en una entrevista en Ecuavisa.
En noviembre del 2019, el defensor del Pueblio dispuso la creación de esta Comisión Especial, que fue conformada por la expresidenta de Ecuador, Rosalía Arteaga Serrano; Juan Cueva Ortega; Sybel Martínez Reinoso; Juan Carlos Solines Moreno y Xavier Zavala Egas.
«Durante las protestas de octubre de 2019, hubo violaciones a los derechos humanos de las personas por parte de agentes estatales. A estas personas se les conculcó su derecho a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal, estas vulneraciones tomaron la forma de ejecuciones extrajudiciales, atentados contra el derecho a la vida, violencia sexual, tortura, tratos crueles e inhumanos, detenciones ilegales y arbitrarias, lesiones oculares, entre otras tantas violaciones a sus derechos», detalla la presidenta de la Comisión, Sybel Martínez, en la presentación del informe.
#VerdadYJusticia | Accede al Informe de la Comisión para la Verdad y Justicia respecto a los hechos ocurridos en #Ecuador durante las protestas de octubre de 2019 en el siguiente enlace: https://t.co/LO2UYy6Crc pic.twitter.com/OHzwSyjPv8
— DefensoríadelPueblo (@DEFENSORIAEC) March 18, 2021
Muertes
La CEVJ logró establecer que seis personas fallecieron durante el paro nacional de octubre de 2019, «constituyéndose una presunta violación de derechos humanos bajo la modalidad de ejecución extrajudicial ya que el sujeto activo del delito sería un agente estatal», explica el informe. Las seis personas son: un adolescente afroecuatoriano, una persona con discapacidad y cuatro personas de comunidades indígenas.
La CEVJ identificó seis otras muertes que, según lo constatado, no tuvieron como sujeto activo del delito a un agente estatal, pero que se produjeron en el contexto del paro nacional.
La Comisión convocó a audiencias públicas para recibir los testimonios de las víctimas y sus familiares y de los diversos actores que participaron en el paro nacional como periodistas, personal de salud que intervino de manera voluntaria, personal del servicio público, personal del sector privado, entre otros.
Para elaborar este informe, la CEVJ analizó 519 testimonios, de policías, víctimas de delitos, víctimas de violaciones de derechos humanos y de representantes de instituciones.
La Comisión registró 249 testimonios de víctimas de violaciones de derechos humanos.
Recomendaciones
El informe de la Comisión recomienda al Estado «disponer de las herramientas legales pertinentes para que las fuerzas de seguridad y del orden actúen en todas sus funciones con estricto apego al respeto de los derechos humanos».
A la Fiscalía recomienda en el marco que realice un peritaje sobre los efectos que podría producir en la salud los componentes químicos de una bomba caducada.
En las recomendaciones específicas, las agrupa en tres categorías sobre reparación integral: medidas de reparación individual, medidas simbólicas y colectivas, y medidas institucionales. (I)
