El Gobierno de Perú consideró «altamente inviable» y devolvió al Congreso un proyecto de ley que propone la construcción de una carretera en medio de la Amazonía para unir la ciudad peruana de Pucallpa con la brasileña Cruzeiro do Sul, informaron organizaciones de la sociedad civil peruana.

«Era una medida necesaria frente a un proyecto tres veces insostenible: desde lo ambiental, lo social e incluso desde lo económico», afirmó la vicepresidenta de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Vanessa Cueto.

En su oficio enviado al Congreso, el Ejecutivo consideró «altamente inviable» el proyecto, porque «atentaría contra la Amazonía y vulneraría los derechos de los pueblos indígenas u originarios, además de facilitar el desarrollo de actividades nocivas para la sociedad».

DAR recordó que esta propuesta «venía generando controversia por impulsar un proyecto vial que afectaría» al Parque Nacional Sierra del Divisor, la propuesta de Área de Conservación Regional (ACR) Alto Tamaya-Abujao y la Reserva Indígena Isconahua para pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (Piaci).

CONTRAVIENE LA NORMATIVA

En su oficio, el Ejecutivo agregó que el proyecto «contraviene la normativa del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, que otorga competencias exclusivas al Ejecutivo para la planificación de la inversión pública» y remarcó que esto «es peor considerando que plantea un proyecto similar a uno que ya fue descartado» por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Enfatizó que también «va contra el principio de coherencia normativa, al desconocer la rectoría del Ministerio de Relaciones Exteriores respecto del Sistema Nacional de Desarrollo de Fronteras e Integración Fronteriza».

«Además, no existe un análisis que justifique el desarrollo del proyecto, ni se ha evaluado el impacto ambiental que conllevaría», añadió antes de concluir que también «viola disposiciones constitucionales presupuestarias, en tanto que tiene incidencia en el gasto público, que no ha sido evaluado por el Congreso».

PROTECCIÓN DE LA AMAZONÍA

Al respecto, Cueto sostuvo que «la infraestructura en la Amazonía debe potenciarse desde un ángulo de protección de los derechos de la población y de la riqueza natural».

Consideró que esto se puede dar «por ejemplo, a través de la mejora del transporte fluvial mediante el ordenamiento del tráfico fluvial, la mejora de las flotas y la creación de un marco legal ambiental que regule este tipo de transporte, entre otros».

El ministro del Ambiente de Perú, Gabriel Quijandría, ya había adelantado el pasado 22 de junio que el Ejecutivo se oponía al proyecto porque también considera que incentivaría la tala ilegal y el narcotráfico que ya afecta a esa zona amazónica.

«Desde el Ministerio del Ambiente siempre ha insistido mucho en la necesidad de entender que la infraestructura tiene que responder a una estrategia de desarrollo. Una obra de infraestructura no es una estrategia de desarrollo. Es un medio para lograr algo», apuntó Quijandría en una reunión con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP).

OPOSICIÓN DE ORGANIZACIONES

La decisión del Ejecutivo se dio después de un pronunciamiento de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), una comunicación enviada por DAR al presidente Francisco Sagasti, la opinión técnica del Ministerio de Ambiente y un informe de la Defensoría del Pueblo.

Al respecto, DAR recordó que además de afectar a reservas naturales y pueblos en aislamiento, el proyecto no contempló la consulta previa y propuso un trazo en áreas expuestas a inundaciones y deslizamientos, careció de un sustento económico sólido y podría facilitar el aumento de actividades ilegales en la zona.

El proyecto de la carretera entre Pucallpa y Cruzeiro do Sul fue declarado «de necesidad pública e interés nacional» por el Congreso peruano en junio pasado, solo con la opinión favorable de la comisión parlamentaria de Transportes, y sin haber sido revisado por la comisión de Pueblos, Ambiente y Ecología. EFE