La renuncia del contralor

Desde hace casi tres meses, Ecuador vive un grave problema derivado de la detención del contralor general del Estado Pablo Celi por un caso de presunta delincuencia organizada atada a una trama de corrupción.

La renuncia de Celi ante el Consejo de Participación Ciudadana si bien da un respiro, no deja que el vacío siga entrampado en la discusión jurídica, política, y en la de los intereses de toda laya.

La Contraloría seguirá acéfala o representada por quien él, desde la cárcel, osó designarlo como su reemplazo, pero cuya legalidad se objeta.

El Consejo de Participación y la Asamblea Nacional no han encontrado la vía legal que allane el camino para una salida jurídica.

La primera entidad ha expresado que nombrar a un nuevo contralor tomará el tiempo que suele tomarse para esta clase de concursos. La segunda optó por el juicio político; pero Celi renunció, dando por descontada su censura y destitución.

Resta conocer si el referido Consejo avala el encargo hecho por el ahora excontralor. Y si a la Asamblea no se le ocurre decir que hay arrogación de funciones por parte del reemplazo y que todos sus actos carecen de legitimidad y legalidad.

Son, entre otras, las consecuencias de por concentrar el poder, crear tal Consejo para quitarle atribuciones a la Asamblea en el nombramiento de varias autoridades del país.

El país exige que se desenrede el nudo jurídico, que el de naturaleza política y aun el de la corruptela no prevalezcan. Se debe dar certezas sobre quién mismo debe estar al frente de la Contraloría, cuya independencia, honestidad y confianza están en el subsuelo.

Ahora, a Celi le corresponde defenderse de las acusaciones que podrían derivarse de la investigación fiscal, ni se diga en el juicio político.

En ambos casos, pueda que revele lo que tenga que revelar; pues las presuntas irregularidades que habría cometido, no las habrá hecho solo y sin presiones.

Lo único claro es que el país no puede seguir sin contralor general. Que lo entiendan bien los políticos y el Consejo de Participación Ciudadana.