Se vive en el país, una situación de incertidumbre resultado de la conjunción de crisis, el inicio del nuevo gobierno, los reacomodos políticos en la Asamblea Nacional, la descomposición institucional de la Contraloría General, la Defensoría del Pueblo, el Consejo de Participación Ciudadana y nuevos síntomas graves de corrupción en la justicia.
En medio de estas turbulencias, el gobierno empieza a marcar sus tendencias. Así en lo económico despliega una estrategia para aumentar la producción petrolera y expandir la minería, impulsa los tratados de libre comercio, la protección de inversiones y sus sistemas arbitrales, avanza en la monetización de activos nacionales, genera incentivos a las exportaciones y el comercio exterior, fomenta los agronegocios y propone nuevas formas de contratación laboral.
En lo fiscal, la reforma tributaria apunta a eliminar el impuesto del 2 % a los ingresos, sin considerar gastos, de los microempresarios, se achica el Estado y se avanza en la ejecución de los acuerdos con el FMI y el flujo de créditos externos, que, si bien su destino final es opaco, es claro el posicionamiento de la banca en el control de la política monetaria y financiera.
En lo político, es incierta la consulta popular, quizás sobre bicameralidad, número de asambleístas, CPCC y minería, pero, cualquiera que sea su contenido, tenderá a legitimar la real política del régimen, para cuyo objetivo a la vez que, convoca al reencuentro nacional para lograr consenso y cohesión social, utiliza la reconformación de bloques y la negociación con mayorías móviles en la Asamblea Nacional. Así el gobierno articula un bloque en el poder con hegemonía del sector financiero que podría enfrentar un bloque de oposición antineoliberal en el que coincidirían el correísmo, y sectores indígenas y social-ambientalistas.
En lo social, nuevamente la seguridad social está en la mira de los privatizadores y se condiciona el pago de la deuda estatal al IESS con dinero de las privatizaciones. La vacunación se muestra como credencial del gobierno y la atención a la desnutrición infantil, implica crear soberanía alimentaria y un verdadero sistema integral de salud pública y comunitaria, mientras que, en la educación aún no se concreta un cambio de rumbo. (O)
