Consulta Popular

José Chalco Salgado josechalcosalgado@gmail.com

            La Constitución vigente, destaca por concebir un modelo constitucional que configura una Teoría Democrática, aquella que profundiza y busca materializar la participación de la población desde la devolución permanente del poder a la gente.

            Esta democratización del poder político y los procesos gubernamentales en sí, implica pasar de una exclusiva representatividad clásica o delegativa, hacia una dimensión dialógica que comprende que el poder radica en la población cuya voluntad es fundamental a la hora de tomar las decisiones más trascendentales para el país, claro, aquellas que se enmarcan en estricto tenor constitucional.

Entonces, la consulta popular es el mecanismo de democracia participativa que en el contexto constitucional ecuatoriano permite, que entre otros actores, el Presidente de la República convoque a consulta a la población sobre aquellos temas que éste considere deben ser preguntados, destacándose siempre la amplia posibilidad que con la activación de este mecanismo se pase de la estructura orgánica decisional -que muchas veces obstruye el desarrollo del Ecuador, hacia una dinámica social de intervención en el qué hacer público. No es una institución que puede pasar inadvertida, al contrario, es el sustento mismo de una nueva fórmula de desarrollar la vida estatal y el civismo del país.

La Corte Constitucional, además, ejercerá su atribución de control constitucional preventivo a través de un dictamen que examine el cumplimiento de las reglas procesales para la convocatoria, la competencia de la autoridad que la realiza y la garantía de libertad del elector que se basará en mirar los considerandos introductorios y el cuestionario a 20 días que le sea presentado el proyecto de consulta.

Cuando la dinámica de los órganos constituidos estanca la orientación que debe tomar el Estado llevando a entorpecer su desarrollo y concreción de resultados para la población, es momento de convocar a una consulta popular que, con sentido democrático, destrabe los poderes fictos que se adueñan de los órganos del Estado.  (O)