Colectivos de mujeres exigieron este jueves a la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador una «ley ética y digna» que permita proceder a la implementación del aborto por violación, después de un fallo del Constitucional emitido en abril.
En una rueda de prensa asociaciones feministas y defensoras de derechos humanos solicitaron de manera urgente la elaboración de la legislación de interrupción de gestaciones producto de una violación, cuyo plazo establecido por la máxima instancia judicial concluye en diciembre.
La directora de Fundación Desafío, Virginia de La Torre, recalcó que Ecuador es «un país rezagado en el ejercicio de los derechos reproductivos» y donde el aborto no representa la solución a las violaciones, pero sí una forma de reparación a las víctimas.
Por su parte, Rocío Rosero, de la Coalición Nacional de Mujeres, urgió sobre la necesidad de que la Asamblea promulgue la ley a fin de que las mujeres y menores en esta situación puedan «elegir el procedimiento médico a aplicar y garantizar un aborto seguro».
Recalcó en su intervención en Quito, que el aborto deberá ser libre y que la legislación no debe contener requisitos que se conviertan en escollos para su aplicación.
También señaló que la objeción de conciencia, que pueden aducir los médicos para negarse al procedimiento, tiene que estar regulada en la ley para evitar «que el personal médico obstaculice los derechos de las víctimas».
En la rueda de prensa también se pronunció Pablo Villaroel, de la Red Ecuatoriana de Fe, que defendió que existe una compatibilidad desde el punto de vista de la religión con la interrupción voluntaria del embarazo producto de una violación.
«Una violación es un mal moral y va contra la voluntad humana y la voluntad de Dios», sostuvo al suscribir los llamamientos realizados por los colectivos convocados.
En abril de este año la Corte Constitucional falló a favor de la despenalización del aborto en casos de violación.
A finales de junio la Defensoría del Pueblo entregó un proyecto de ley al Parlamento que recogía garantías y regula el aborto voluntario por violación.
En la Cámara legislativa el documento deber ser evaluado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), que lo derivará a la comisión respectiva encargada de decidir si el tema debe ser analizado en el pleno. Para ello tiene hasta finales de diciembre.
El presidente, Guillermo Lasso, que es abiertamente antiabortista, afirmó al asumir el cargo que respetará la decisión de emitida por la Corte más allá de su criterio personal.
De acuerdo con información de la Fiscalía ecuatoriana 26.132 mujeres y niñas han sufrido violaciones entre 2014 y 2019, y la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, manifestó este lunes que la violación es el delito más cometido en Ecuador, si se tiene en cuenta que cualquier relación sexual con menores de 14 años es considerado como tal.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer este martes que 39.000 mujeres mueren cada año a consecuencia de abortos inseguros, que representan el 13% de las muertes maternas. EFE
