La no calificación por parte del Consejo de Administración Legislativa (CAL) del proyecto de ley “Creando oportunidades”, por no cumplir lo que señala la Constitución en el artículo 136, puede hacer escalar el conflicto que ha empezado a desarrollarse entre el Gobierno y la Asamblea Nacional.
Ese artículo establece que “los proyectos de ley deberán referirse a una sola materia”, lo que en el caso de dicho proyecto enviado por el presidente Lasso parece no cumplirse, pues aborda materias como lo tributario, lo laboral e incentivos para la inversión extranjera. En esta situación el Presidente podría acoger las observaciones legales del CAL y enviar un nuevo proyecto, o plantear una salida política vía la anunciada consulta popular
Sin embargo, el malestar creciente de algunos sectores sociales (determinada en parte por el incremento mensual del precio de los combustibles) y la brutal masacre el la penitenciaria del Guayaquil (que genera un desgaste para la autoridad gubernamental), no presenta las mejores condiciones políticas para que el Gobierno pueda asegurar el triunfo en una consulta; amén de que a más de costar más de 80 millones de dólares generaría el costo político de una mayor polarización en el país, un costo que de por sí afectaría la propia reactivación económica.
En este escenario, políticamente resultaría más adecuado para el Gobierno optar por procesar sus proyectos legislativos en el marco del diálogo democrático (del “encuentro”) con las otras instancias institucionales del poder público, particularmente con la Asamblea Nacional que, al igual que el Ejecutivo, son el producto de la voluntad popular expresada en las urnas.
Si bien algunos asambleístas (que fungieron incluso como aliados iniciales del Gobierno en la Asamblea) han sido inculpados de diversos actos de corrupción; esto no debe llevar a poner en entredicho al órgano Legislativo como tal, pues este es parte de la institucionalidad de un régimen de democrático; tampoco cabe hablar de “bloqueo” cuando el Legislativo tiene una posición diferente respecto a los proyectos del Ejecutivo, pues esto es propio de la independencia de poderes que tanto se defendía cuando, en el marco del régimen correísta, se criticaba la sumisión de la Asamblea al Ejecutivo. (O)
