En un país megadiverso como el Ecuador, una de las mayores tensiones socioambientales que se ha generado en las últimas décadas, es aquella relacionada con la exploración y explotación de recursos naturales no renovables en zonas de recarga hídricas, así como en territorios de pueblos y nacionalidades indígenas.
De tal suerte, la lucha social que usualmente estuvo en las calles ha migrado a los tribunales, a través del ejercicio de las garantías jurisdiccionales, así como por medio de la democracia directa como es el caso de la consulta popular (ver casos de Girón y Cuenca).
Mecanismo de democracia directa con la que cuentan los ciudadanos para pronunciarse en las urnas, frente a las preguntas que para el efecto puedan plantear el presidente de la República, la máxima autoridad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y aquellas que provengan de iniciativa ciudadana. No obstante, tal como lo establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, los cuestionarios que se vayan a poner en conocimiento de la ciudadanía, deben pasar por control constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional del Ecuador ha desarrollado una interesante evolución jurisprudencial respecto a los criterios que ha usado tanto para el cumplimiento de la legitimación democrática, así como respecto a la posibilidad de plantear consultas populares que tengan por propósito que los ciudadanos se pronuncien sobre proyectos de exploración y explotación minera, frente a la protección de los recursos hídricos.
Dentro de este contexto, la Corte Constitucional del Ecuador, el Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional, y, el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional sede Ecuador, juntamente con algunas universidades nacionales, organizaron el evento “Ciclos de Jurisprudencia Constitucional”, durante los meses de septiembre y octubre.
Y precisamente, el martes 5 de octubre de 2021, en la sede la Universidad San Francisco de Quito, se debatirá los desafíos de la jurisprudencia constitucional en el marco de la consulta popular, con una especial referencia a los proyectos de exploración y explotación minera, con la jueza Karla Andrade, el profesor Gonzalo Ramírez Cleves, la abogada Gabriela Cordero, y el profesor Pablo Alarcón Peña. Evento en el que tendré la suerte de participar como su moderador, y al cual invito a los lectores de manera cordial. (O)
