La Asamblea Nacional tratará este jueves 9 de diciembre del 2021 el Proyecto de Ley para Garantizar el Derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Caso de Violación.
Los nudos críticos de la Ley se ubican en la temporalidad, pues no se establece el tiempo máximo de embarazo que una mujer debe cumplir para practicarse el aborto; también se descarta la necesidad de una denuncia judicial para acceder a este servicio.
La mesa también se entrampó en la objeción de conciencia de los médicos. Hay asambleístas que aseguran que no deberían ser obligados a practicar un aborto si esto está en contra de sus convicciones; y se observó la posibilidad de que una menor de edad pueda someterse a este procedimiento sin autorización de sus padres.
La oposición a estos puntos de varios sectores de la sociedad y de algunos asambleístas provocó enfrentamientos al interior de la Comisión, los legisladores Ricardo Vanegas (Pachakutik) y Sofía Espín (UNES), anunciaron la presentación de informes de minoría en los que sí se establezca con claridad estos temas.
Según explicó Espín, en su propuesta de ley sí se establecerán límites a la temporalidad de la interrupción del embarazo, que llegaría a un máximo de 15 semanas para practicarse el aborto.
“Sí creo que debe haber una temporalidad, me sorprende que no exista, es decir que se puede terminar el embarazo hasta los nueve meses, a un día de nacer, en ningún país sucede eso”, puntualizó Espín.
Pero la asambleísta Verónica Carrillo (Izquierda Democrática), explicó que la decisión de no establecer la temporalidad busca no vulnerar el derecho de la mujer violada a decidir, en cualquier momento, cuándo se practicará el aborto; pero sobre todo está encaminada a las niñas que quedan embarazadas producto de una violación y que por desconocimiento de su propio cuerpo descubren de su embarazo de forma tardía.
Sin embargo, para la legisladora, el límite está establecido de forma tácita en los seis meses de gestación, que es el tiempo en el que la extracción de un bebé ya se considera nacimiento, por lo que ya no podría tomar como un aborto.
El que no se necesite de una denuncia para practicarse un aborto también despertó rechazo a la norma, la cual, sin embargo, según lo dejó claro la asambleísta Gissela Garzón, ponente de la norma, sí contempla la obligación de que el médico que atienda el caso notifique a la Fiscalía sobre lo ocurrido, para que inicie una investigación.
El no establecer la colocación de la denuncia como requisito para practicarse un aborto se enfoca en que la mayoría de las víctimas de este tipo de delitos no lo denuncia por temor a represalias o por vergüenza, por lo que la exigencia de este procedimiento vulneraría sus derechos.
Según datos de la Fiscalía General del Estado, entre el 2016 y 2020 hubo 27.080 víctimas de violación en el país y 14 de violación incestuosa, pero de acuerdo a las estadísticas del Movimiento de Mujeres y Feministas, apenas el 10% de estos casos son denunciados.
Informe
El informe para el primer debate del Proyecto de Ley para Garantizar el Derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Caso de Violación fue aprobado en la Comisión de Justicia por 8 votos a favor y 2 en contra, de los asambleístas Sofía Espín y Ricardo Vanegas.
Tanto Espín como Vanegas objetaron el informe porque aseguraron que los nudos críticos no fueron debatidos, artículo por artículo, en el interior de la Comisión, por lo que incluso el legislador de Pachakutik gritó y golpeó la mesa antes de abandonar la sesión, pues aseguró que los legisladores buscan trasladar al pleno la responsabilidad de analizar estos temas.
Pero para Alejandro Jaramillo (Izquierda Democrática), presidente de la Comisión, el tema sí fue tratado en las más de 50 comparecencias de expertos y afirmó que el informe fue remitido a tiempo a todos los asambleístas, para que puedan revisarlo antes de la votación.
“Pido disculpas públicas por el comportamiento del asambleísta (Vanegas), es lamentable, no se necesita ni gritar ni golpear la mesa para demostrar que se tiene la razón”, afirmó Jaramillo, quien además señaló que ha conversado con Guadalupe Llori, presidenta del Legislativo, para que el tema sea debatido antes del receso legislativo, que inicia el 16 de diciembre, para cumplir con los plazos establecidos por la Corte Constitucional. (I)
