La renuncia a su curul en la Asamblea Nacional del legislador César Rohón abona, una vez más, al desprestigio de la Función Legislativa.
Antes hizo lo mismo el asambleísta Diego Ordóñez, ahora asesor presidencial. Los dos coinciden en los mismos argumentos para su decisión. La Asamblea no responde a los intereses nacionales; tampoco se ajusta al reto de los tiempos actuales, ni en lo político, ni en lo social, peor en lo económico; mucho peor le interesa ser parte de la gobernabilidad, tan necesaria para afrontar los efectos post pandemia, sin obviar su papel fiscalizador y legislador.
Se ha criticado incluso la capacidad de algunos legisladores. Los más pasan desapercibidos; pues en sus propias provincias, como en el caso de Azuay, les han perdido de vista, y hasta se olvidaron quiénes son. Caben las excepciones.
Cuando intervienen en las sesiones del Pleno de la Asamblea leen sus textos. Se ignora sin son ellos quienes los preparan.
A César Rohón le colmó el otorgamiento masivo de amnistías; igual, otros tratos encaminados a tomarse la dirección de la Asamblea, o ceder a esta pretensión a cambio de perdonar a todos los procesados por la Justicia, desconociendo el concepto de amnistía y con ello instaurando la impunidad.
Pidió a la Asamblea “cerrar sus puertas”; pues sus ocupantes elegidos por el pueblo están lejos, muy lejos, de responderle.
Tras esa renuncia vuelve la discusión sobre la muerte cruzada, un mecanismo constitucional, supuestamente encaminado a hacer una purga, y poniendo en juego la continuidad del propio actual presidente de la República.
Si bien esa posibilidad, a juzgar por las últimas declaraciones desde el Ejecutivo, es remota, de aplicarse ¿quién garantiza el final de la pugna, de los protervos intereses de movimientos y partidos políticos con agendas propias, las más, no pensando en el país, sino en sus reductos, en sus supuestos líderes, en sus prebendas, en su discurso de doble rasero?
La mayor parte de ecuatorianos no cree en la Asamblea ni en los asambleístas. ¿Lo saben ellos? (O)
