Después de que el pasado viernes Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea Nacional, aseguró ser una “mujer desprendida”, que no se aferraba al cargo, ayer se contradijo, pues decidió emplear a la justicia constitucional para frenar la intención de investigarla y posteriormente removerla.
Llori presentó una demanda por la supuesta amenaza de violación de sus derechos constitucionales y junto a esta solicitó una medida cautelar en contra del pleno de la Asamblea, con la cual espera detener la creación de una comisión para investigar a los miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL), incluida ella.
La acción judicial fue presentada por Llori junto a Santiago Salazar, procurador judicial de la Asamblea, en la que se solicita, de forma expresa, que se evite que el pleno conozca, debata o resuelva el pedido para la creación de la Comisión pluripartidista para investigar las acciones del CAL.
Según la denuncia, los opositores de Llori pretenden vulnerar lo que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) y lo dispuesto por el procurador Íñigo Salvador, el cual, en su pronunciamiento del pasado 9 de marzo, dejó claro que, el único mecanismo para investigar a un asambleísta es tras la presentación de una denuncia en su contra.
“El procedimiento de investigación debe observar la secuencia establecida por los artículos 19 y 166 de la LOFL: calificación de la denuncia por el CAL, sustanciación por la comisión pluripartidista ad hoc y la decisión final recaerá en el pleno”, señaló Llori en su pedido de medidas cautelares.
Tras un mes de tensión interna, de constante interrupción de las actividades parlamentarias, finalmente Llori parecía haber accedido a tratar en el pleno el pedido de creación de la Comisión que investigaría al CAL, propuesta por la nueva mayoría conformada por correístas, socialcristianos y la fracción “rebelde” de Pachakutik.
En el pleno de la Asamblea, convocado para las 11h00, Fausto Jarrín, asambleísta correísta, ya logró incluir como propuesta para el cambio del orden del día la creación de la mencionada Comisión, pero ahora se desconoce si Llori dejará que se trate el tema o si apelará a su pedido de medidas cautelares y nuevamente, por tercera ocasión, suspenderá la sesión, alegando “falta de garantías”.
Una medida recurrente
Esta no es la primera ocasión que una autoridad acude a la justicia constitucional para evitar ser removida del cargo, recientemente lo hizo el exalcalde de Quito, Jorge Yunda; y la expresidenta del Consejo de Participación Ciudadana (CPC), Sofía Almeida.
Para el constitucionalista Ismael Quintana, esto es un abuso del sistema de garantías constitucionales, pues está establecido para precautelar los derechos de los ciudadanos y no para fines políticos, como se ha empleado.
Llori se quedó sola
Las medidas cautelares solicitadas por Guadalupe Llori podrían significar una acción desesperada, pues en la Asamblea se ha quedado prácticamente sola y los votos para iniciar una investigación en su contra están más que garantizados.
El último en sumarse a quienes critican la gestión de Llori y están dispuestos a dar su voto para la creación de la Comisión ad hoc, es la oficialista Bancada del Acuerdo Nacional (BAN).
El anuncio de sumarse a la mayoría en contra de Llori lo hizo el legislador Juan Fernando Flores (CREO), coordinador del BAN, quien sin embargo, puso una condición, la comisión sea integrada por los jefes de los cinco bloques existentes.
Tras perder el apoyo del BAN, a Llori solo le quedaría una fracción de Pachakutik, quienes están liderados por Salvador Quishpe, pues el grupo de los “rebeldes” también quieren su salida.
