El colectivo ambientalista Quito Sin Minería acusó este martes 19 de abril de 2022 al Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador de dilatar el proceso de recogida de firmas para celebrar un referéndum sobre la actividad minera en las poblaciones cercanas a la capital del país y en el Chocó Andino.
En una concentración realizada frente a la sede del CNE, los integrantes de la campaña aseguraron que están a la espera desde hace dos meses de que el organismo electoral les entregue los formularios donde deben recoger alrededor de 200.000 firmas para que se pueda convocar la consulta popular.
En ese mismo instante, el CNE emitió un comunicado en el que asegura que tiene de plazo hasta el 3 de mayo para preparar un informe técnico y que el pleno del ente electoral emita su resolución, por lo que defendió que su actuación está dentro de la normativa.
Esto fue rebatido por la abogada del colectivo Quito Sin Minería, Silvia Bonilla, quien afirmó que el CNE no tiene «ningún fundamento jurídico» para fijar como plazo el 3 de mayo, ya que aseguró que el reglamento para las consultas populares no ha sido aún adecuado a las últimas disposiciones de la Corte Constitucional.
En ese sentido, Bonilla detalló que los promotores de la campaña subsanaron todas las observaciones presentadas por el CNE a su solicitud el 18 de marzo, y desde entonces ha pasado un mes sin que el organismo les haya dado los formularios para iniciar la tarea de las firmas, algo que esperaban que fuese inmediato.
«Lo que estamos pensando es que el CNE está dilatando esto a propósito para poder interferir en la consulta popular», aseveró Bonilla.
La asesora legal explicó que el plazo para recoger las firmas es de 180 días, y si continúan sin poder comenzar el acopio de las rúbricas puede que no alcancen los tiempos para que el plebiscito coincida con las elecciones provinciales y municipales de febrero de 2023.
«Es un intento intencionado de boicotear la consulta popular por un Quito sin minería. Es irrazonable e injustificada la demora en este caso. Lo que exigimos al CNE es que cumpla con la ley», enfatizó Bonilla.
Por su parte, el vocero de Quito Sin Minería, Benito Bonilla, recordó que la campaña contempla hacer al consulta popular en doce parroquias del la zona noroccidental de la capital ecuatoriana, donde existen «doce concesiones mineras que ya han sido demarcadas».
A los habitantes de estas poblaciones se les pretende consultar si están o no de acuerdo con que se desarrolle minería metálica a gran escala en sus territorios, lo que incluye al Chocó Andino, un paraje natural de más de 286.000 hectáreas declarado como reserva de la biosfera en 2018 por la Unesco.
De su lado, la portavoz de la campaña Manai Prado detalló que la iniciativa ya cuenta con 350 voluntarios para recolectar firmas y más de 50 centros de acopio de suscripciones, tanto en Quito como en el Chocó.
«Tenemos la gente lista, los lugares y espacios listos, pero nos faltan los formularios. Es momento de actuar y solo nos falta lo más importante. Realmente no hay una razón por la que los formularios no han sido entregados», concluyó Prado. EFE
