En la más amplia extensión y el buen sentido del término, frente a un conflicto, una solución política debería corresponder a un acuerdo entre los actores políticos involucrados, acuerdo que, y está demás decirlo, debería tener como condiciones la buena fe, el interés superior de la sociedad, la transparencia y el acatamiento irrestricto al ordenamiento jurídico vigente; en otras palabras, el apego a reglamentos, leyes y disposiciones constitucionales.
La siempre “prolífica” y “creativa” clase política ecuatoriana, desde hace varias décadas, no sé cuántas, les ha dado a las “soluciones políticas” su propio y particularísimo matiz. En nuestro país, inentendiblemente, las soluciones “políticas” a tal o cual conflicto, se “oponen” a las soluciones “jurídicas” pertinentes. Una solución política “a la ecuatoriana” debe tener como inconfundible sello, el de pasar por alto, infringir o violar una o varias normas jurídicas, a tal punto que no es raro escuchar declaraciones, incluso de connotados dirigentes políticos, que frente a una situación empantanada o aparentemente irresoluble, muy sueltos de huesos proclaman que el tema requiere “no una solución jurídica sino una solución política”; es decir, ya de hecho anteponen el criterio de que la solución política va a ir en contra de lo estatuido, de lo prescrito por las leyes.
La situación toma tintes dramáticos si se considera que en el Ecuador nuestra clase dirigencial es la campeona mundial de la complicación y el despelote, y que su inclinación por enredar hasta las situaciones más sencillas, hace que no pase un día sin que seamos obligados testigos de un nuevo desacuerdo o de una nueva bronca entre los padres y madres de la patria.
El respeto a las leyes constituye uno de los pilares fundamentales de la vida de una sociedad y la dirigencia política tiene que dar ejemplos palpables de ello. No es posible que clamemos por rescatar la institucionalidad del país, por un lado, y que, por otro, bajo el cobijo de intereses inconfesables, hagamos tabla rasa de aquellas leyes que juramos aplicar y defender. ¡Ninguna solución política debe violar ninguna ley! (O)
