El Ministerio de Gobierno reiteró este domingo la apertura al diálogo en la víspera del inicio de una movilización nacional que protagonizarán distintos grupos sociales en contra el Gobierno ecuatoriano en demanda de mejores condiciones económicas y más seguridad.
«El país que queremos es el del diálogo y consenso, no de las paralizaciones», escribió en Twitter el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, antes de señalar que «¡Ecuador no puede detenerse, necesita trabajar!».
El trino del funcionario acompaña a un mensaje de su Cartera de Estado en el que «ratifica su apertura al diálogo como parte de la política del ‘Gobierno del Encuentro'», como se autodenomina la administración liderada por Guillermo Lasso.
Asimismo, el Ministerio formuló un llamamiento a los ciudadanos y agrupaciones sociales «a expresar sus opiniones de manera pacífica, en el marco del orden público, el respeto a la Constitución y el Estado de Derecho».
«El caos y la violencia detienen la reactivación económica, la democracia y la convivencia pacífica», reza el escrito que agrega que «la vía correcta es la de consensos y el trabajo conjunto en el marco de una agenda nacional de un Gobierno de puertas abiertas, democrático y comprometido con las necesidades del país».
DEMANDAS SOCIALES
La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), una de las convocantes a la movilización nacional, asegura que la protesta arrancará «luego de haber agotado las instancias de diálogo (11 de junio, 4 de octubre y 10 de noviembre 2021)».
La agrupación indígena considera que el Gobierno liderado por Lasso «nunca mostró voluntad para atender las demandas sociales».
Según la Conaie, en la movilización participarán también sectores productivos, campesinos y diversas organizaciones sociales con una agenda que incluye diez temas en materia económica y derechos.
Los grupos sociales exigen que haya «una reducción y no más subida del precio de los combustibles», pese a que el Gobierno ha congelado el coste del galón de la gasolina de mayor consumo.
Asimismo, piden «la moratoria de un año (para más de cuatro millones de familias) en el sistema financiero para que paguen sus deudas», así como precios justos de los productos del campo, más empleo y respeto a los derechos laborales.
Los manifestantes se oponen a la minería en territorios indígenas y fuentes de agua, piden que no se privaticen los sectores estratégicos y demandan la aplicación de políticas de control y especulación de precios.
Entre las demandas al Gobierno también figura la asignación de más presupuesto para los sectores de la salud y educación, y la generación de políticas públicas de seguridad y protección.
LA SOMBRA DE OCTUBRE DE 2019
El ministro del Interior, Patricio Carrillo, cuestionó el sábado la movilización anunciada por los grupos sociales.
«La movilización o manifestación anunciada, en la práctica, es una semana de carreteras y pozos petroleros bloqueados, secuestros de policías y militares, saqueos, etc. Lo disfrazarán de lucha social para provocar victimizarse. Quién se beneficia de otra protesta sin límites?», señaló en un mensaje en Twitter.
El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, tildó de «muy grave» que el ministro «desde ya anuncie la represión que hará con la población civil», y le recordó que la Constitución garantiza el derecho a la protesta y resistencia social.
De su lado, el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, advirtió que no permitirán daños en la ciudad durante las protestas.
«No vamos a permitir que se dé otro octubre, encontrarán en todas las autoridades del Distrito Metropolitano un cerco, un muro para evitarlo», indicó en referencia a las protestas de octubre de 2019, cuando unas manifestaciones sociales se tornaron violentas, hubo daños a infraestructuras públicas y privadas, secuestros momentáneos a miembros de la fuerzas de seguridad y saqueos.
La Conaie lideró en octubre de 2019 esa protesta contra el Gobierno del entonces presidente Lenín Moreno.
En los disturbios que comenzaron por un decreto que eliminaba históricos subsidios a la gasolina -luego derogado para aplacar las protestas-, murieron una decena de personas y más de 1.500 resultaron heridas, de ellas 435 miembros de las fuerzas de seguridad.
Ecuador quedó paralizado en gran medida del 3 al 13 de octubre por los disturbios centrados principalmente en el centro de Quito y el bloqueo de vías cruciales del territorio nacional. EFE
