Moscú (EFE).- La oposición democrática rusa ha sido una de las principales víctimas colaterales de la campaña de represión contra los que critican la intervención militar en Ucrania, lo que ha puesto en bandeja la victoria en los comicios municipales y regionales al partido de la guerra, Rusia Unida.
«No es posible derrotar a (el presidente ruso, Vladímir) Putin desde dentro. Tampoco podemos esperar a su muerte y que su sucesor sea menos autoritario. No vemos división en las élites. La única salida es suministrar armamento a Ucrania y derrotar a Putin en el campo de batalla», comentó a Efe Yelena Kotiónochkina, diputada municipal por Moscú exiliada en Lituania.
Desde febrero pasado, los partidarios de la paz en Rusia tienen sólo tres opciones: el exilio, manifestarse públicamente contra la «operación militar especial» y asumir las consecuencias, o la emigración interior, como es conocida en Rusia, es decir, callar.
Según la organización OVD-Info, las autoridades han detenido a miles de personas por condenar la guerra e incoado procesos penales contra, al menos 224 personas, de los que la mitad se encuentra en prisión preventiva o arresto domiciliario.
Entre ellas figuran 78 políticos, que han sido inhabilitados para participar en los comicios locales que se celebran desde el viernes y se prolongan hasta mañana domingo.
LEYES DE GUERRA
La persecución de la oposición comenzó mucho antes, pero se intensificó con la aprobación de dos leyes con el fin de acallar cualquier discrepancia y, según las palabras del presidente, Vladímir Putin, arrancar de raíz la supuesta «quinta columna».
Oficialmente, Rusia no ha declarado la guerra a Ucrania, pero el precio a pagar por criticar la línea oficial es casi igual de alto que si el enemigo estuviera a las puertas de Moscú.
La propagación de «información falsa» sobre la campaña militar se castiga con hasta 15 años de cárcel y el desprestigio del Ejército con penas administrativas (arresto o multa), lo que representa la inhabilitación para los candidatos a cargos oficiales.
Con esos dos instrumentos legales en la mano, las autoridades han conseguido reducir al mínimo el ánimo de protesta en la sociedad, ya que los rusos más activos políticamente han optado por la clandestinidad como la disidencia soviética.
Los políticos no han sido los únicos afectados. Hay periodistas, blogueros, profesores funcionarios, estudiantes, artistas, médicos y hasta un pope, encarcelado en San Petersburgo por decir que los que participan en la campaña militar en Ucrania «no entrarán en el paraíso».
Los militares tampoco se han librado de la represión. Dos soldados de Rostov y Kamchatka son objeto de un proceso penal por «información falsa» sobre las Fuerzas Armadas, expediente que es tramitado por un tribunal militar, según informó la organización de derechos humanos Ágora.
Con la ley en la mano, el ejecutor de la campaña es la Guardia Nacional rusa, cuerpo creado por Putin para aplastar cualquier muestra de descontento social.
«Estamos hablando de 400.000 efectivos. Rosguardia puede incluso disparar contra los manifestantes. Las multitudinarias manifestaciones antigubernamentales de hace dos años en Bielorrusia inquietaron mucho a las autoridades», explica Kotiónochkina.
AVISO PARA NAVEGANTES
La Justicia rusa ha condenado desde febrero a 16 personas, pero sólo siete han recibido penas reales de cárcel.
La más grave fue la dictada contra el diputado municipal Alexéi Górinov, que fue condenado por difundir informaciones falsas, sentencia considerada muy severa incluso para los estándares rusos.
«El Kremlin quería sentar un precedente y amedrentar al resto de diputados municipales», comentó la opositora.
Ella participó en la reunión en la que Górinov denunció el asesinato de niños ucranianos a manos de los soldados rusos y pidió la retirada de las tropas rusas.
«Él nunca reconoció su culpabilidad, insistió en su oposición a la guerra e incluso mostró carteles antibélicos durante las vistas judiciales», comentó.
Ella, que encabezaba el consejo municipal que envió una carta al Kremin pidiendo el repliegue de Ucrania, tuvo que exiliarse ante la amenaza de arresto, tras lo que fue declarada en busca y captura.
«Estamos peor que si estuviéramos oficialmente en estado de guerra. La política ya no existe en Rusia ya que cualquier acto u opinión se reprime o se censura», asegura.
Amnistía Internacional, que demandó su liberación, denunció la «campaña despiadada» en la que «un político electo, un activista, un maestro o un periodista» pueden ser procesados por criticar las acciones de su país en Ucrania.
PURGATORIO OPOSITOR
Un tercer diputado opositor, Iliá Yashin, uno de los principales aliados del encarcelado Alexéi Navalni, también participó en aquella reunión.
Es uno de los pocos dirigentes de la oposición extraparlamentaria que no se exilió, lo que aprovecharon las autoridades para encerrarlo en prisión preventiva.
Yashin, uno de los más estrechos colaboradores del asesinado viceprimer ministro ruso, Boris Nemtsov, puede ser condenado a varios años de cárcel como Górinov, en su caso por hablar sobre los supuestos crímenes de guerra cometidos por soldados rusos en la localidad de Bucha, a las afueras de Kiev.
Otro conocido activista y periodista crítico con el Kremlin, Vladímir Kara-Murzá, también se encuentra en ese purgatorio que son las prisiones preventivas rusas.
Kara-Murzá, cuyo padre es un famoso historiador, fue detenido por el mismo motivo que Yashin al regresar de EEUU.
El único alcalde opositor de una ciudad de más de un millón de habitantes, Yevgueni Roizman, también fue detenido por calificar la intervención militar de «invasión», aunque ahora se encuentra bajo arresto domiciliario.
Mientras, el liberal Leonid Gozman cumple 15 días de arresto administrativo por comparar en un mensaje en Facebook al líder soviético Iosif Stalin con el dictador alemán Adolf Hitler. EFE
