Nicaragua y las libertades

Andrés Martínez Moscoso

Tanto a nivel internacional, así como a nivel interno, la normativa reconoce a la libertad religiosa como un derecho fundamental que, permite conjugar tanto el derecho a la libertad de conciencia, religión o de las convicciones de los individuos.

Por lo que, el derecho implica la libertad de tener, conservar o practicar una religión o creencia, respetar festividades y ceremonias, contar con líderes y normas, así como la posibilidad que tienen los padres respecto de sus hijos para que estos reciban enseñanzas de acuerdo con sus convicciones.

Este particular no se contradice con la posibilidad de la existencia de un Estado laico, es decir, en el cual no se interpongan las órdenes clericales, y el gobierno sea independiente de cualquier organización o confesión religiosa.

Al respecto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se pronunció en 2011 (caso Lautsi), acerca de que la presencia de crucifijos en los centros escolares italianos, no violan el derecho de los padres a asegurar que sus hijos obtengan una educación en virtud de sus convicciones; incluso el gobierno aseguró que este símbolo contiene altos valores cívicos.

Por su parte, en 2022, la Corte Suprema de Argentina concluyó que en las escuelas públicas de Mendoza, se pueden realizar actos de contenido religioso en honor de la Virgen del Carmen de Cuyo y el Patrón Santiago, pues estos, a criterio del alto tribunal “…exceden lo religioso y se vinculan con la historia y tradición cultural de la provincia”.

Sin embargo, existen países que rozan el autoritarismo, dónde el Estado de Derecho está en entredicho, y por ende el respeto a los derechos fundamentales es casi un mito; este es el caso de Nicaragua, dónde el régimen de Ortega y Murillo, han generado una ofensiva sin precedentes contra la Iglesia católica, que incluye la expulsión del nuncio apostólico y monjas misioneras, arresto a obispos, así como persecución y represión a todos quienes desde los púlpitos realizan denuncias en contra del gobierno sandinista por actos en contra de los derechos humanos.

El deber ser de todo Estado de Derecho es la tolerancia, el respeto de los derechos humanos y de la separación de funciones, cuando esto se corrompe, y se vulneran libertades fundamentales como la conciencia y religión, es clara que la deriva autoritaria, viene acompañada de la intolerancia y la represión.

Es tiempo que los miembros de la comunidad internacional condenen estos actos, más allá de su preferencia religiosa, y exijan del gobierno de Daniel Ortega, un rencausamiento hacia el cumplimiento de los estándares democráticos y republicanos.

@andresmartmos