Desde el 2008, consta en la Constitución de la República el reconocimiento de la existencia y derechos de los pueblos indígenas. Con el arribo del movimiento indígena a la palestra política, aparecieron reyertas internas, el uso inadecuado de cargos públicos y patrañas propias de ambiciones protervas de algunos líderes. Con el pretexto de entregar cuotas de agua para regadío a sus pares campesinos, les forzaron a acudir a reuniones y protestar contra los gobiernos de turno.
Es entendible que los indígenas reclamen una mejor atención del gobierno ante las necesidades que tienen sus pueblos. Pero botar un millón de litros diarios de leche (qué ironía pues dicen que se mueren de hambre) e irrumpir en las florícolas destruyendo embarques de flores que con tanto esfuerzo se cultivan, es un acto criminal y aborrecible. El creerse fundamentalistas ancestrales les hace actuar de forma arbitraria, creyéndose caciques o jefes del incario. En Ecuador son apenas el 7 % de la población, a diferencia de Guatemala donde son el 43 %, Chile 13 % y Perú 12 %.
La Dirección Nacional de Educación Bilingüe otorgaba puestos de profesores a familiares y amigos de los directores. El dinero que enviaban las ONG extranjeras para el buen manejo de las organizaciones indígenas, no siempre llegaba a su destino, desviándose hacia otros propósitos. ¿Cuántos de sus líderes pagan con puntualidad y sin trampear los impuestos al Estado?
El líder de la CONAIE insinúa que volverán a “inmovilizar” el país porque no han logrado nada después de haberlo agotado todo. Lo único que ha agotado Iza, es la paciencia del Ecuador entero. En su tonto pensamiento cree que el país es una tribu y que puede someterla las veces que él quiera. ¡Está equivocado!
Los Derechos Humanos deben dejar de ser una herramienta política con la que privilegian a delincuentes, como expresó recientemente Bukele. Ecuador necesita de organismos internacionales neutrales con vocación en solucionar conflictos, y no que aboguen por grupos vandálicos.
“La anulación del proceso contra un líder de la violencia, la amnistía en delitos penales, el llevar a los órganos de la justicia a una mesa de “negociación”, configura una cultura de complicidad e impunidad. Así no se construye la democracia. Sin reglas ni principios el futuro es incierto, salvo la certeza del caos”. Ramiro Rivera (O)
