En Cuenca los feriados y fines de semana son aprovechados por dueños de inmuebles patrimoniales para derrocarlos, con el fin de utilizar estos terrenos para construir nuevas estructuras y parqueaderos.
Y esto se evidenció una vez más durante este último feriado por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca, cuando fue demolida parte de la edificación patrimonial donde funcionó la Cervecería La Victoria.
Se trata de una antigua casa ubicada en las calles Abraham Sarmiento y Vega Muñoz, que, de acuerdo con estudios históricos, data de 1923 y ha sido fraccionada en tres lotes.
A decir de Felipe Manosalvas, titular de la Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales, del Municipio de Cuenca, este bien es patrimonio de la ciudad y tiene que ser conservado.
Indicó que el artículo 54, literal D, de la Ley Orgánica de Cultura, establece que todo inmueble que haya sido construido antes de 1940 es considerado patrimonial sin necesidad de un trámite administrativo para declararlo como tal.
Según Manosalvas en 2017 ya se cumplió un trámite de juzgamiento contra los propietarios de esta casa para disponer que sea reconstruida, pues estaba en proceso de destrucción, que en el campo legal se conoce como incuria.
Afirmó que ahora han presentado una denuncia en la Fiscalía de Azuay para que este caso sea investigado. Hay tres personas que fueron detenidas por la Policía Nacional.
Hechos recurrentes: casas patrimoniales son derrocadas en días de descanso
Patricio Guzmán, arquitecto e investigador, recordó que un fin de semana en agosto de 2019 también fue derrocada una casa patrimonial que estaba en la calle Hermano Miguel, entre la Mariscal Sucre y la Presidente Córdova.
La reconstrucción del inmueble fue la sanción que impuso la Unidad de Juzgamiento de Infracciones Administrativas, de la municipalidad local, que asimismo aplicó una multa de cerca de 40.000 dólares.
Una destrucción similar ocurrió en 2008 con la casa conocida como Villa Rosa Elena, que estaba en la avenida Fray Vicente Solano. Allí ahora está un moderno hotel.
Otras viviendas que quedaron en escombros estuvieron en la Padre Aguirre entre Mariscal La Mar y Sangurima; en la Lorenzo Piedra y Alfonso Moreno; en la Rafael María Arízaga; y en la Mariscal Sucre y Coronel Tálbot.
En el Centro Histórico de Cuenca y El Ejido, donde están unas 14.000 edificaciones en total, hay 70, inventariadas como patrimoniales, que están en mal estado, y otras 14 en ruinas.
Asimismo 86 inmuebles, que no constan en el inventario patrimonial que tiene el cabildo cuencano, están en malas condiciones; y otros dos destruidos casi por completo.
En las parroquias hay unas 3.100 casas patrimoniales más según el Sistema de Información Patrimonial Cultural del Ecuador (SIPCE), que lo administra el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC).
No hay un estudio oficial sobre el estado de estas; no obstante, según estimaciones municipales, por lo menos un 35% de estas necesitan una intervención urgente para evitar su desaparición.
Cifras
237 es el artículo del COIP que determina una pena de hasta tres años de prisión para quienes destruyan bienes patrimoniales.
2008 fue derrocada una edificación conocida como Villa Rosa Elena, que estaba en la avenida Fray Vicente Solano.
14.000 edificaciones en total hay en el Centro Histórico de Cuenca y El Ejido. De estas unas 3.400 tienen un valor patrimonial.
Ley: prisión por derrocar casas patrimoniales
Juan Campuzano, abogado y especialista en temas de patrimonio cultural, explicó que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en su artículo 237 establece una pena de cárcel de uno a tres años para quienes destruyan bienes patrimoniales.
También detalló que el artículo 18 de la Ley de Patrimonio Cultural determina que la incuria en la conservación de bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural del Estado, será castigada con el decomiso de la obra.
Este cuerpo legal establece que de ocurrir eso se tiene que entregar una indemnización a su propietario con el 25% del valor del bien, avaluado por peritos que sean especialistas en este ámbito.
“Esta ley también dice que cualquier persona puede denunciar al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) las infracciones a la presente. El denunciante tendrá derecho a una gratificación de hasta el 25% del valor de la multa impuesta…”, dijo.
“Pero la idea no es solo sancionar sino también dar alternativas a los dueños de estos bienes para que los conserven, incluso se puede contemplar compensaciones y hasta aportes económicos…”, insistió.
